La Fiscalía pide el reingreso en prisión del guardia civil de La Manada

Antonio Manuel Guerrero, ayer, en los juzgados. :: Pepo Herrera / Efe/
Antonio Manuel Guerrero, ayer, en los juzgados. :: Pepo Herrera / Efe

El Ministerio Público se ampara en su intento de obtener un pasaporte el pasado lunes tras quedar en libertad

CECILIA CUERDO SEVILLA.

La Fiscalía de Navarra pedirá a la Audiencia Provincial el reingreso en prisión de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de La Manada, tras ser informada formalmente por la Policía Nacional de que el joven sevillano intentó conseguir un pasaporte el pasado lunes, pese a tener vigente la prohibición de salir del país. Entiende que el riesgo de fuga queda de manifiesto «por el intento de quebrantamiento de la medida expresamente acordada en el auto de que no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro». La defensa de Guerrero rechaza esa acusación y justifica que solo intentó sacar una copia del documento con vistas a entregarlo en el juzgado en tiempo y forma, tal y como exigía el auto de puesta en libertad dictado el pasado viernes.

Las alarmas saltaron ayer a mediodía, cuando la Policía Nacional dio a conocer en sus redes sociales que uno de los cinco componentes de La Manada, los jóvenes condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento durante los sanfermines de 2016 y en libertad tras pagar una fianza de 6.000 euros, había tratado de sacarse un pasaporte nada más abandonar la prisión. Las redes se incendiaron rápidamente ante la insinuación de que el guardia civil implicado intentara fugarse.

Fuentes policiales confirmaron que, tras pedir cita la pasada semana, Guerrero se dirigió el lunes a una comisaría de Sevilla para solicitar la expedición del pasaporte. Al identificarse saltó la alerta y se le comunicó la imposibilidad de realizar ese trámite por tener prohibida la salida del territorio nacional. Una hora después, el guardia civil se dirigió a los juzgados para cumplir con la otra medida cautelar que le obliga a comparecer lunes, miércoles y viernes ante el juez, a fin de garantizar que no abandona el territorio nacional.

Allí, acompañado de su defensa, explicó otra vez la imposibilidad de entregar físicamente el documento al tenerlo extraviado y no haber podido obtener una nueva copia, además de consignar que estaba caducado. Según su abogado, le explicaron que no hacía falta que entregara el documento porque la información de su caducidad ya estaría en manos de la Policía. No obstante, y para cumplir «escrupulosamente» los requisitos impuestos por el juez, su letrado presentó ayer mismo un escrito en el juzgado justificando que no hubieran podido entregar en pasaporte.

Sus abogados mantienen que fueron ellos quienes le aconsejaron que fuera a comisaría a informarse sobre el procedimiento a seguir para entregar el documento, dado que Guerrero les explicó que no lo localizaba, y hablan de «malentendido» o incluso de «error debido a un exceso de celo» por cumplir los plazos señalados.

Quebrantamiento

Según consta literalmente en el auto de puesta en libertad, los condenados tienen «prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial con obligación de hacer entrega del pasaporte de que disponga ante este Tribunal dentro de los 4 días siguientes a su puesta en libertad, así como prohibición de obtenerlo en el futuro». Es precisamente a este último aspecto al que se aferra la Fiscalía en su petición de reingreso en prisión, reclamando incluso que se deduzca testimonio por si se le podría atribuir un nuevo delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa.

La petición para el reingreso en prisión de Guerrero coincide con la presentación de los recursos contra el auto de excarcelación de La Manada tanto de la Fiscalía como de la acusación particular y las acusaciones populares. En su recurso de súplica, el Ministerio Público alude precisamente a ese riesgo de fuga, «que no solo no ha desaparecido, sino que resulta más notorio», dado que ahora pesa sobre ellos una «condena de nueve años de prisión, es decir, una pena grave derivada de un delito grave».

Además, el fiscal recuerda que cuatro de los cinco condenados en Pamplona están siendo investigados por un presunto abuso sexual y contra la intimidad en la localidad cordobesa de Pozoblanco, delitos que incrementarían aún más su condena, y que incide en el riesgo de reiteración de los condenados.

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