El toreo se organiza

Toreros, ganaderos y empresarios están impulsando la Fundación del Toro de Lidia, constituida con los objetivos de normalizar la presencia de la tauromaquia en la sociedad a través de la divulgación de su patrimonio social, medioambiental, cultural y económico, y de reivindicar las libertades de los aficionados de acuerdo a la ley. El patronato fundacional ha promovido la estructura económica adecuada para iniciar el proyecto con la idea de sumar a todos, profesionales y aficionados, y a cuantos quieran ayudar a la consolidación de esta Fundación. Su patronato está integrado por Manuel Martínez Erice, en representación de los empresarios; Juan Diego Vicente en representación de los toreros y Carlos Núñez en representación de los ganaderos. En un comunicado dirigido a profesionales y aficionados, la Fundación reivindica «nuestra libertad de elegir», y manifiesta que «exigimos respeto para los miles de personas que trabajan alrededor del toro de lidia. Reclamamos nuestro derecho a organizar y asistir a festejos taurinos sin censuras ni imposiciones». La Fundación también se quiere consolidar como altavoz potente y participativo para el apoyo y la promoción de la tauromaquia en el ámbito nacional e internacional.

La Fundación ha iniciado las acciones legales y de comunicación necesarias para preservar los derechos y la reputación de profesionales y aficionados. De hecho, lleva trabajando desde hace meses en una estrategia jurídica que proteja a profesionales y aficionados taurinos frente a los distintos ilícitos de los que vienen siendo objeto, tanto en derecho penal como civil y procesal administrativo, y que ya está preparando. El objetivo es que no queden impunes los actos ilegales ya cometidos contra la tauromaquia, así como desarrollar en adelante una estrategia común frente a todos aquellos actos que vulneren la ley. En ese sentido, la Fundación nace con vocación de convertirse en herramienta jurídica al servicio de todos quienes se sienten agredidos y ven vulnerados sus derechos respecto a su profesión o afición taurina.

La vía jurídica

El despacho elegido para encargarse de proteger la fiesta por la vía legal es Cremades-Calvo Sotelo, uno de los bufetes más importantes de España. Entre las medidas que se van a impulsar, destacan la siguientes, tal y como analiza 'La economía del toro': se endurecerá el castigo a quienes interrumpan los espectáculos y se iniciarán expedientes sancionadores frente a este tipo de conductas, susceptibles de sanción en tanto en cuanto perturban la seguridad del espectáculo y/o pretenden impedir la celebración del mismo. Además, se invocará la Ley 18/2013, que regula la Tauromaquia como Patrimonio Cultural, para impugnar leyes autonómicas que atenten contra la Fiesta. También se recurrirán aquellas declaraciones adoptadas a nivel local o provincial que proclamen a una jurisdicción como 'ciudad antitaurina' o 'provincia antitaurina'; la actuación se volcará en hacer valer la legislación de régimen local y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el ámbito penal, se anuncia una batería de medidas que incluye denuncias a conductas constitutivas de amenazas, coacciones, injurias y calumnias. También se perseguirán los ataques que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar o la propia imagen, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo.

La tauromaquia es el segundo espectáculo de masas en España después del fútbol. Los festejos taurinos congregan anualmente a unos 17 millones de personas y es la actividad cultural que más ingresos proporciona al Estado.