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Caminos y plantaciones anegadas en la zona de cultivo de la ribera del Ebro, en San Adrián y Calahorra, durante la última riada. :: nzenital
Calahorra tramita la solicitud de zona catastrófica para las huertas del Ebro

Calahorra tramita la solicitud de zona catastrófica para las huertas del Ebro

El Ayuntamiento está elaborando el informe de daños de la última crecida, aún sin concretar por la presencia todavía de agua

I. ÁLVAREZ

Jueves, 12 de febrero 2015, 09:35

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El Ayuntamiento de Calahorra solicitará la declaración de zona catastrófica para los terrenos y explotaciones agrarias que se han visto afectados por la última crecida del río Ebro. La concejala de Agricultura, Mª Teresa Antoñanzas, comunicó ayer que en estos momentos se «está elaborando el informe técnico» que acompañará a la citada solicitud, aunque precisó que aún no se han podido cuantificar todos los daños porque «hay zonas de caminos en las que no hemos podido entrar, ya que no ha bajado el agua».

Por el momento se estima que hay afectadas un total de 1.600 hectáreas en ocho términos agrícolas como son la Ribera, Manzanillo, Roturo, Ramillo, el Sazal, Ontañón, la Rota y la Cocha. En estas zonas tienen cultivos gran parte de los agricultores que pertenecen a la sociedad cooperativa El Raso, quienes, según comentó ayer Antoñanzas, «el jueves por la mañana tendrán ya todos los datos» relacionados con los daños sufridos en sus fincas.

La declaración de zona catastrófica para las huertas de la ribera del Ebro ha sido demandada esta semana por el Grupo Municipal Socialista, que reclama igualmente ayudas para aquellos agricultores que no tenían sus cultivos asegurados. Por su parte, la concejala de Agricultura sostuvo ayer que «siempre, de la mano de los agricultores y de todos los afectados nos hemos preocupado de pedir lo máximo para nuestras infraestructuras».

De otro lado, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Xavier de Pedro, sostuvo ayer en una entrevista a Efe que es una «barbaridad» pedir «una limpieza de todo el río» como defiende el Gobierno de Aragón y que la legislación medioambiental de las distintas comunidades limita y restringe «claramente» actuaciones como el dragado del cauce.

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