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Un Guardia Civil interviene en la asamblea de la SAT celebrada ayer en el Ayuntamiento.
La Guardia Civil se presenta en la asamblea de la SAT, en la que intervinieron tres abogados
OCHÁNDURI

La Guardia Civil se presenta en la asamblea de la SAT, en la que intervinieron tres abogados

La misma junta rectora fue nombrada comisión liquidadora de la entidad, cuyo plazo de disolución acaba el 1 de septiembre

DIEGO MARÍN ABEYTUA

Viernes, 5 de septiembre 2014, 00:13

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Después del paréntesis de tranquilidad que supusieron las fiestas en honor a la Virgen de Legarda del pasado fin de semana en Ochánduri, parece que el clima enrarecido regresó ayer al municipio riojalteño. La Sociedad Agraria de Transformación Virgen de Legarda celebró ayer una asamblea general extraordinaria después de que el Juzgado de Haro sentenciara el pasado 3 de julio la disolución de la entidad «por pérdida del objeto social» y con sus consecuencias, como la anulación de sus últimos acuerdos y el reintegro de 157.800 euros a la Comunidad de Regantes de Ochánduri.

La asamblea, convocada a las 11.30, se retrasó una hora. Según ha podido saber Diario LA RIOJA, la razón fue que se personaron al menos tres abogados acompañando a diferentes partes. Por una, el de la SAT, presidida por Luis Alberto Ugarte; y por otra, dos que representaban a sendos socios de la SAT y la CRO. La presidencia de la SAT intentó impedir la entrada de los abogados de la parte contraria, lo que originó el primer debate, fuera del orden del día.

Hasta el Ayuntamiento de Ochánduri, donde estaba convocada la asamblea, acudió la Guardia Civil que, aunque no llegó a intervenir, permaneció en la puerta vigilando que no se alterase el orden al celebrarse el acto en edificio público. Al final, la sesión comenzó sobre 12.30 y acabó a las 15.30 horas. Durante la asamblea no se permitió el voto a los socios de la SAT que no estuvieran al corriente de los pagos de las cuotas, a pesar de que algunos abonan la cantidad ya a la CRO. Así, se aprobaron todos los puntos.

Uno de los elementos importantes era el nombramiento de una comisión liquidadora y, según ha podido saber este periódico, fue elegida la junta rectora de la propia SAT. El plazo para su disolución, al parecer, finaliza el próximo 1 de septiembre. También se debatió el «ejercicio de acciones penales contra la junta de gobierno de la CRO» y la reclamación «de la posesión de las infraestructuras propiedad de la SAT, ocupadas indebidamente por la CRO».

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