El doble filo de la Ley de la Cadena

Es lo que cuesta a un agricultor o ganadero producir un determinado producto. Son costes individuales. Es decir, los precios medios que publican los observatorios regionales, como el de la Consejería de Agricultura cada año con la uva y el vino y otros productos, son simplemente estimaciones, con lo que no son aplicables a casos concretos. Por ejemplo, producir un kilo de uva tinta en 2022 tuvo un coste medio estimado de 68-69 céntimos y este año 2023 de 80 céntimos (insumos más caros y menor producción amparada).

No. Los costes son individuales. De hecho, nada más reformarse la Ley de la Cadena las bodegas –como el resto de operadores de otros sectores agrarios– añadieron a los contratos con sus proveedores una cláusula en la que estos reconocen que el precio que va a cobrar supera sus costes de producción. El problema, tal y como denuncian repetidamente los sindicatos agrarios, es que el productor de fresco, como el de uva, entrega productos perecederos, con lo que no le queda otra que aceptar las condiciones..., y la cláusula.

Otra de las lagunas de la Ley de la Cadena se pone en evidencia en las últimas vendimias en que las bodegas quieren menos uva. No son pocas las que respetan, incluso ajustan sus precios, a los costes medios de producción orientativos que publica la Consejería, pero solo sobre la uva recogida. Es decir, a muchos viticultores se les está admitiendo únicamente el 50, el 60 o el 70% de la uva de su explotación conjunta. Algunas bodegas ya les advirtieron con tiempo como proveedores que aprovecharan las ayudas públicas a la cosecha en verde para enviar a este fin la producción que no les iban a recoger, lo que ha sido un salvavidas para muchos. El problema es qué pasará cuando desaparezcan esas ayudas excepcionales. Es decir, aunque se garanticen los costes en el precio unitario por kilo, la situación crítica de existencias en Rioja hace que realmente las explotaciones puedan acabar perdiendo mucho dinero. Contra ello es incapaz de actuar la Ley de la Cadena.

Ante la Consejería de Agricultura, que es directamente competente en algunos casos, y/o la Delegación del Gobierno para que dé traslado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Si la empresa denunciada tiene varias sedes sociales (en más de una comunidad autónoma) la labor de inspección compete exclusivamente a la AICA, mientras que si solo hay una sede social es responsabilidad de las consejerías de Agricultura. La denuncia también puede ser de terceros, tal y como sucedió hace diez días con Bodegas Pagos del Rey, que fue la primera con nombre y apellido en La Rioja, por presunto incumplimiento de la Ley de la Cadena al sospechar que sus precios no cubren los costes de los viticultores.

Por inspecciones de oficio o por denuncia. En ambos casos, comprueban los contratos y deben decidir si realmente ha habido o no incumplimientos de precios (ruptura de la cadena de valor), de plazos de pago, por ausencia o defectos de contratos u otras cuestiones. Las sanciones oscilan desde 3.000 euros (infracciones leves) a entre 3.001 y 100.000 euros (graves) y hasta un millón de euros (muy graves). Además, las multas impuestas se hacen públicas trimestralmente con los nombres de las empresas infractoras y el motivo. Comprar por debajo de costes sería una sanción grave, y muy grave en casos de reincidencia.

En el año 2023, la AICA impuso un total de 382 sanciones a operadores de la cadena alimentaria, un 40,4 % más que en el año precedente. Casi la mitad de ellas fueron por infracciones por incumplimiento de plazos de pago, seguidas por no hacer contratos o por no incorporar el precio en los mismos. En el caso de las CC AA, aprobaron 167 sanciones, un 33% más que un año antes. Ninguna de ellas, ni de la AICA ni de las autonomías, fue por compras (de materia prima) o ventas (de producto) a pérdida. De hecho, solo ha habido ocho de este tipo desde el 1 de enero de 2014 y en todos los casos de comercios minoristas. Ni un solo caso en industria o gran distribución.

Al margen de las que hizo la AICA, la Consejería de Agricultura riojana hizo 27 inspecciones de oficio el año pasado para comprobar el funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, en las que se analizaron 201 relaciones comerciales. No hubo ninguna sanción, pero tampoco denuncia de terceros más allá de las inspecciones de oficio.

Uno de los supuestos grandes logros, a priori, de la última Ley de la Cadena fue reducir y concretar los plazos de pago. En el caso de los productos perecederos (uva), el máximo es de 30 días a partir de la fecha de entrega y, para los no perecederos, no podrá ser mayor a 60 días. El sector riojano del vino, sin embargo, siempre se había movido en dos plazos de pago (normalmente, una primera parte en Navidad y en abril la liquidación completa) sin mayores problemas salvo casos puntuales. Ahora, en un momento crítico de tesorería para las bodegas, se obliga por ley a adelantar los pagos, algo que parece lógico, pero que está complicando la vida a muchas bodegas que siempre habían pagado bien y que incluso liquidaban la cuenta completa en Navidad sin queja alguna de sus proveedores. Hay bodegas que no cobran a 30 días ni mucho menos sus vinos porque el comerciante o el distribuidor puede pagar a 60, o incluso lo hace con bastante más retraso, ya que sabe que nunca le van a denunciar porque dependen de él para vender sus vinos. Este problema se traduce en menores compras de uva y en ahogo financiero para las bodegas.

A las bodegas como compradores de uva, y también a las cadenas o distribuidores como compradores de botellas, aunque no ha habido tampoco una sola denuncia por ventas a pérdidas en los lineales (que las hay), pero hasta el momento la AICA no se ha metido con estos casos. A quien no obliga tampoco es a las cooperativas, que no tienen que garantizar por ley los costes de producción a sus socios ni cumplir los plazos de pago ni hacer contratos.