La Rioja

Logroño, 14 feb (EFE).- La consejera de Salud, María Martín, ha afirmado este jueves que el PSOE riojano mantiene "un discurso bolchevique, del siglo XIX y cansino, como diría el humorista José Mota" sobre la sanidad privada y la colaboración del Servicio Riojano de Salud con la clínica Los Manzanos.

Martín ha hecho estas declaraciones durante su respuesta a una pregunta de la diputada socialista Nuria del Río sobre el motivo por el que se prorrogó un por año, el pasado mes de noviembre, un contrato con la Clínica Los Manzanos, por 7,4 millones de euros.

Un contrato que, para Del Río, no es necesario y cuya prórroga se ha hecho "a oscuras y de puntillas", con "un incremento en todos los conceptos, mientras que el presupuesto de la sanidad pública baja".

"En realidad", ha dicho, "no engañan a nadie porque son veinte años protegiendo este modelo de gestión, en los que se ha conseguido, poco a poco, transmitir el mensaje de que la sanidad pública da peor servicio y que hay una vía rápida para el que tiene dinero".

La consejera ha explicado que el contrato se prorrogó "según dicta la Ley de Contratos, como con cualquier otro que finaliza y tiene opción de prórroga".

Ha defendido que la operación se hizo "con transparencia y calidad"; mientras que el PSOE utiliza en esta cuestión "poco diálogo y mucha demagogia".

Martín ha repasado diferentes declaraciones de dirigentes socialistas nacionales avalando la colaboración de la sanidad pública con la privada; y, frente a ello, el PSOE riojano mantiene "un discurso bolchevique del siglo XIX y cansino, como diría José Mota", ha concluido.

En el pleno, la diputada del PSOE Emilia Fernández ha preguntado al consejero de Educación, Alberto Galiana, por la situación de maestros de Pedagogía Terapéutica en institutos, que, pese a realizar el mismo trabajo que otros compañeros, perciben un salario inferior hasta en 1.500 euros anuales.

La diputada ha explicado que este "agravio" se mantiene desde 2013 para 32 personas y ha asegurado que al Gobierno regional le costaría alrededor de 73.000 euros al año solucionarlo.

El consejero de Educación ha afirmado que solucionar esta cuestión "requiere un análisis más fino y sin demagogia", ya que "deviene de un cambio legislativo de los años 90", que desde 2012 ha originado diferentes procesos judiciales en España.

Ha defendido la voluntad del Ejecutivo regional de solucionar esta situación "de una forma justa, responsable y jurídicamente sólida", sin que suponga "un quebranto de millones de euros".