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Varios países de la OEA niegan que se quiera limitar la autonomía de la CIDH

Washington, 25 ene (EFE).- Varios países de la OEA negaron hoy que las recomendaciones del grupo de trabajo creado por el organismo para revisar el sistema interamericano de derechos humanos busquen limitar la independencia de la Comisión (CIDH) y especialmente de su relatoría para la libertad de expresión.
"Todas las recomendaciones deben ser interpretadas en el sentido de fortalecer" la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "y no de debilitarla", explicó el embajador de Panamá, Guillermo Alberto Cochez, en la primera sesión del año del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
A su vez, el embajador de Colombia, Luis Alfonso Hoyos, subrayó que las sugerencias del grupo de trabajo "son positivas".
"Cuando hay críticas serias y propuestas constructivas, eso no significa que haya ataques", añadió Hoyos.
El grupo de revisión, formado por los Estados miembros de la OEA, ha trabajo durante seis meses en el informe que se debate hoy en el Consejo.
Pero a juicio de muchas ONGs y organizaciones sociales, las recomendaciones que ha formulado podrían limitar la autonomía y efectividad de la CIDH, que depende del organismo continental.
Entre esas indicaciones preocupa la que aboga por equilibrar el presupuesto de la CIDH, que se nutre con contribuciones de los Estados, ya que para las ONGs eso puede llevar a que las relatorías más críticas en los últimos tiempos y que cuentan con más fondos, como la de la libertad de expresión, reciban menos recursos.
El grupo de trabajo también aconseja mayor regulación en lo que respecta a las medidas cautelares que puede conceder la CIDH para proteger a ciudadanos particulares en situaciones de riesgo, lo que podría limitar los alcances de ese mecanismo de amparo.
Además, en el informe se habla de un "código de conducta" que, para muchos observadores, puede llegar a limitar los dictámenes de la CIDH y de sus relatorías en contra de los Estados en situaciones de violación de los derechos humanos.
El riesgo radica en que esas recomendaciones, aunque no son vinculantes, "en la medida en que expresan consenso político de los Estados de la región tienen impacto político sobre la CIDH", explicó a los periodistas la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, no gubernamental), Viviana Krsticevic.
En caso de que esas sugerencias no sean aceptadas por la CIDH "podrían derivar en modificaciones estatutarias" tanto de ese organismo como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), agregó.
El CEJIL y otras 60 ONGs y representantes de la sociedad civil enviaron el martes un informe al presidente del grupo de trabajo de la OEA, el mexicano Joel Hernández, alertando de que sus recomendaciones "pueden tener graves implicaciones para el funcionamiento y la independencia" del sistema de derechos humanos.
"Es claro que en la región persisten infracciones graves" a la libertad de expresión" y el trabajo de la relatoría de la CIDH encargada de esa materia "es incómodo para muchos sectores del poder", advirtió Krsticevic.
La OEA encargó el año pasado al mencionado grupo de trabajo una revisión del funcionamiento del sistema de derechos humanos, en parte a raíz de dictámenes muy duros emitidos por la CIDH y la CorteIDH con respecto a decisiones o medidas de los Gobiernos de países como Venezuela, Ecuador y Brasil.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha manifestado preocupación por la situación de la prensa en Ecuador y en particular ha considerado "desproporcionado" que el presidente Rafael Correa haya pedido penas de cárcel en una demanda contra el diario "El Universo" por injurias.
En el caso de Venezuela, el motivo de los últimos roces fue el caso del líder político opositor Leopoldo López, inhabilitado administrativamente hasta después de 2014 para ocupar cargos públicos y a quien la CorteIDH dio la razón en una sentencia que, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano consideró no ejecutable. EFE
La Rioja

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