De mayor quiero ser funcionario

Zapatero les ha recortado el salario, pero la posibilidad de garantizarse una nómina de por vida dispara el número de opositores en España

PÍO GARCÍA
De mayor quiero ser funcionario

Hasta las nueve de la mañana de ayer, a casi tres millones de españoles todo este follón de la crisis les pillaba tan lejos como la erupción del volcán islandés, la mancha de petróleo de Luisiana o la bancarrota de Grecia. Pero a las nueve de mañana de ayer llegó el presidente del Gobierno, presionado por las autoridades europeas e incluso por Barack Obama, subió al estrado del Congreso de los Diputados y anunció un recorte del 5% en el sueldos de los trabajadores públicos. La rebaja afecta directamente a los miembros de la Administración estatal (583.447), pero casi nadie duda de que la marea alcanzará a los que prestan sus servicios en las 17 comunidades autónomas (1.345.577) y en los más de 8.000 ayuntamientos (627.092).

Pese a cobrar algo menos en los dos próximos años, 1,6 millones de personas disfrutan en España de un puesto de trabajo asegurado de por vida y saben que, aunque caigan chuzos de punta, a fin de mes recibirán su nómina sin sobresaltos. Son funcionarios. Han conseguido aprobar una oposición, en algunos casos tras muchos años de estudio, y ese examen les ha abierto las puertas de un inaudito paraíso de estabilidad, impensable para los trabajadores que pelean en el sector privado. A esa cifra, ya de por sí importante, hay que añadir las 700.000 personas que están ligadas a la administración con vínculos laborales y las 375.000 que se fajan en las instituciones como interinos o eventuales: en total, según el Ministerio de Política Territorial, 2,659 millones de personas trabajan en las administraciones públicas españolas. Unos datos que contrastan con los más de 3 millones que refleja la Encuesta de Población Activa, desfase que se explica por el número, cada vez mayor, de trabajadores contratados por esas empresas públicas formalmente desgajadas de la administración que han crecido como hongos a la sombra del Estado, de las comunidades autónomas Y de los ayuntamientos. En total, de cada 100 trabajadores españoles, 20 fichan en una institución.

35.000 personas para 589 plazas

Con más de 4,5 millones de parados y un mercado laboral cerrado a cal y canto, muchos jóvenes vuelven sus ojos hacia las oposiciones. Cada nueva convocatoria deja en la retina imágenes de pesadilla futurista: miles de aspirantes, perfectamente alineados, se sientan en sus pupitres, sacan un bolígrafo y se preparan para la batalla. La depresión económica ha inflado las listas de aspirantes y ha adelgazado hasta el raquitismo la oferta de empleo público, pero la desproporción no parece arredrar a los candidatos. En enero, 35.000 personas se presentaron para cubrir las 589 plazas de auxiliar administrativo que ofertaba el Ayuntamiento de Madrid. «Esta crisis está afectando sobre todo a gente joven con bastante cualificación, de manera que la oposición se ve como una salida natural», explica Sara de la Rica, catedrática de Economía de la UPV. Una circunstancia que se da en todos los países de nuestro entorno, pero que en España se ve agravada por la «gran temporalidad del sistema laboral»: «La situación de incertidumbre que generan los contratos temporales hace más atractivo el empleo público», aclara De la Rica.

Contra lo que pudiera parecer, ni siquiera las academias se frotan las manos. «El número de solicitudes ha aumentado, es cierto, pero no el de matriculados en los centros de estudio», puntualiza Roberto González, director de la Academia Cum Laude de Badajoz. Muchos aspirantes prefieren ahorrarse unos euros y prepararse por su cuenta. Una decisión que quizá alivie algo la presión sobre sus bolsillos, pero que recorta las posibilidades de éxito. «Para mí, las academias son fundamentales», tercia Bárbara Sila, que, tras nueve años de estudio continuado, ha logrado convertirse en funcionaria del Ayuntamiento de Alicante: «Preparar una oposición te roba tanto tiempo y te genera tantas dudas que necesitas a alguien que te las resuelva y que te obligue a seguir». Aunque la cifra de alumnos no se ha disparado, los centros consultados sí han apreciado la incoporación de un nuevo perfil de opositor: «Al estudiante habitual, que acaba de terminar sus estudios, se ha añadido el que se ha quedado en el paro y decide preparase mientras cobra el subsidio», revela Marta Pérez Carbonero, jefa de estudios de la Academia Plaza Mayor, en Valladolid.

Algunos alumnos aprueban, casi nunca a la primera, y otros consiguen al menos engancharse en la Función Pública como interinos. Con su puesto de trabajo siempre en el alero, el interino se pasea por las administraciones públicas como el habitante del limbo, que prueba las mieles del cielo pero sabe que aún puede arder en el infierno: trabaja ocho horas, cobra su sueldo, reza a su santo favorito y estudia para cuando salga «su» plaza. «Ese periodo me sirvió de mucho recuerda Sila; fue una forma de tomar contacto con la Administración y una recompensa que me sirvió de estímulo para seguir preparándome».

Tres millones, ¿muchos o pocos?

Unos tres millones de personas trabajan en el sector público español, aunque sólo la mitad posea la condición de funcionario. ¿Son demasiados? «A lo mejor no debemos hablar tanto de número excesivo de funcionarios, sino de excesivo número de administraciones públicas», subraya Jesús Ángel Fuentetaja, director del Departamento de Derecho Administrativo de la UNED. Desde la acera económica, Sara de la Rica encuentra el mismo problema: «El tamaño puede ser excesivo por la multiplicación de administraciones (nacional, autonómica, local). En estos momentos, la alternativa pasa por reducir la Función Pública. No es bueno tenerla tan elevada ni que haya un empleo tan protegido. Eso afecta a la productividad».

El problema es cómo reducir el tamaño de las administraciones cuando no se puede echar a los funcionarios. En Finlandia, descubre la profesora De la Rica, se ha tomado una decisión sorprendente: «En el sector de la enseñanza, los funcionarios han perdido su estatus (incluso con carácter retroactivo) para convertirse en laborales. Y eso subraya se ha hecho con el beneplácito de empresarios, profesores y sindicatos, que han palpado la ineficiencia del funcionariado y han preferido un sistema con contratos indefinidos y evaluación constante».

De momento, España, urgida por los mercados y por las autoridades europeas, se prepara para seguir la senda que ya han transitado países como Irlanda, que optó por rebajar un 7% los sueldos de los funcionarios, y Grecia, que, al borde de la bancarrota, todavía plantea un tijeretazo mayor. Italia, por su parte, ha resuelto que expulsará de la función pública al trabajador que acumule más de tres faltas de asistencia en dos años.

En España, nada más conocerse las medidas del Gobierno, los sindicatos ya han puesto el grito en el cielo. No les gusta el recorte y recuerdan que los funcionarios ya habían pactado un leve incremento del 0,3% para el presente ejercicio. A la hora de buscar otras soluciones para rebajar el déficit público, juristas, economistas y funcionarios coinciden al menos en una medida: hay que frenar el apetito desaforado de los políticos. «Las administraciones públicas se han convertido en una cosa amorfa en la que los gobernantes tienen muchos mecanismos de injerencia, tanto en la selección como en la promoción», advierte Fuentetaja. «En otros países, cada vez que llega un cargo político lo hace con uno o dos asesores; aquí, se incorpora un equipo enorme», denuncia De la Rica. Y Domingo Fernández, presidente del sindicato CSIF, remacha: «La influencia de los dirigentes es cada vez mayor y eso se nota mucho en los ayuntamientos. Ahora, además de los concejales electos, tenemos directores generales, asesores y otros cargos de confianza... Cobran el doble o el triple que los funcionarios y, en muchos casos, son gente del partido que sólo trabajan para el partido. Usan las administraciones públicas como agencias de colocación».

De momento, ni el PSOEni el PP ni los demás partidos con mando en plaza se dan por aludidos, salvo algún recorte más cosmético que efectivo. Prefieren mirar para otro lado mientras predican austeriad, contención y dolorosos sacrificios.

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