La amenaza está en la Red

La Justicia investiga tres casos de amenazas e injurias a profesores a través de foros de Internet y de Tuenti

J. A. G. AGENCIASLOGROÑO LOGROÑO/MADRID

Las diligencias incoadas por la Fiscalía riojana contempladas como delito de atentado contra la autoridad incluyen casos de agresiones físicas o verbales de alumnos a profesores, de padres a profesores y, en estos momentos, se encuentran en trámite tres presuntos delitos de este tipo cometidos a través de la utilización de las nuevas tecnologías informáticas.

El más grave, al menos a tenor del número de presuntos implicados, es el que se remonta al pasado mes de mayo en plena discusión sobre la 'Fiesta de barras' de la Universidad de La Rioja, cuando los estudiantes amenazaron a un miembro del equipo rectoral a través de la red social Tuenti.

De momento, las investigaciones han deparado la detención de más de una veintena de jóvenes para prestar declaración. Los acusados, a través de Tuenti, culpabilizaban a esta profesora de los cambios introducidos en la fiesta y profirieron graves insultos contra su persona y su entorno, además de diversas amenazas.

También está en fase de instrucción el caso de una alumna del instituto Sagasta, de Logroño, a quien se acusa de haber proferido graves injurias y amenazas contra un profesor de este centro también a través de la red social Tuenti.

El tercer caso afecta de nuevo a personal docente de la Universidad de La Rioja. El Ministerio Público está instruyendo diligencias ante la denuncia de una profesora que se vio amenazada a través de un foro de Internet.

En el caso de prosperar las investigaciones, los acusados en los tres casos se enfrentarían a penas de prisión.

El Gobierno de La Rioja cree que sería «conveniente» regular el concepto de autoridad pública del profesorado en una norma estatal, «sin distinción entre profesores de la enseñanza pública y de la privada concertada», según afirmó ayer su portavoz.

Emilio Del Río recordó que el Ejecutivo de La Rioja ya reconoce al profesorado la condición de autoridad pública, a través de un decreto de enero, por el que se regula la convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros en la comunidad riojana.

Resaltó que este decreto, en su artículo sobre la convivencia en el ámbito educativo, detalla «el reconocimiento del papel fundamental que en los procesos educativos desempeñan los profesores. Por ello, a los efectos de lo regulado en el presente decreto, actúan investidos de autoridad pública».

También ayer, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aseguró que su partido propondrá que se incluya en la reforma educativa el reconocimiento de la autoridad de los profesores en su puesto de trabajo.

Según De Cospedal, la reforma tendría que recuperar los valores del «respeto» al profesorado y el valor de la cultura del «esfuerzo» y, por tanto, «considerar al profesorado como una autoridad es un gran acierto que ha tenido Esperanza Aguirre y debería estar incluido en el nuevo modelo educativo», agregó.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, por su parte, además de reclamar el reconocimiento de la autoridad de los docentes, anunció ayer que todos los centros escolares de Madrid instalarán tarimas en las aulas para que los profesores pueden tener «una vista general» de la clase.