Adjudicado

«¿Qué hace una sentencia arbitral del siglo XVI entre Ojacastro y Santurde metida en el cajón de un particular?» Los misterios del coleccionismo y, en concreto del coleccionismo bibliográfico, se escapan a los profanos. Sin embargo, a nadie se le oculta que las antigüedades, libros y legajos incluidos, se utilizan como moneda de cambio en un mercado poco claro en el que el paso del tiempo y las sucesivas compraventas de los bienes termina cubriendo de olvido su verdadero origen.

Incluso cuando no es así, cuando hay constancia de que determinada pieza fue robada, resulta casi imposible recuperarla por derecho. Basta recordar el triste caso del , de Ambrosius Benson, robado en 1913 en Nájera y subastado por Sotheby's en Londres hace un año. No hubo opción de reclamación por considerarse un delito prescrito y ni siquiera pujando en la subasta junto con el Ministerio de Cultura pudo la Comunidad de La Rioja recuperar el cuadro.

En esta ocasión y salvando las distancias, ha habido más suerte. El Gobierno se puso a trabajar cuando este diario informó sobre la subasta en Bilbao de documentos históricos de cierta importancia. Además ha tenido delante a una casa, Subastas Bilbao XXI, dispuesta a mediar por un acuerdo e interesada en que este patrimonio retornase a «su sitio». De hecho, fueron sus responsables quienes se pusieron en contacto con el Gobierno de La Rioja en marzo para hacerle una oferta preferente en una primera subasta.

Pero el Gobierno no actuó entonces y se vendieron a otros particulares desconocidos tres lotes considerablemente más caros que los actuales que ya no podrán ser recuperados. Salvo un libro sobre las obras pías de Pedro Cebrián de Ibarra, los otros dos son indiscutibles documentos públicos del pueblo: arbitrios del condestable de Castilla de entre 1450 y 1503 y una ejecutoria entre Ojacastro y Santurde de 1744 con documentación del siglo XVI.

Lo cual nos lleva a la pregunta inicial: «¿Qué hace una sentencia arbitral del siglo XVI en el cajón de un particular?» Bibliógrafos consultados por este diario aseguran que, de igual modo, buena parte de los lotes que se mantenían a subasta ayer constituyen documentos públicos de valor que deberían ser reintegrados por derecho como el resto. El criterio empleado para determinar que no son públicos es «cuando menos discutible», señalaron.

Al margen de testamentos y algún que otro libro impreso, se refieren a los libros del vino vendido en Ojacastro, que contendrían información sobre el comercio de caldos en el siglo XIX (curiosamente el libro del arriendo de aceite sí se ha sacado de la subasta), una sentencia sobre el aprovechamiento del agua y el libro de cuentas de la fábrica de Lagunilla, procedente del archivo parroquial de esa otra localidad. Pero todos éstos ya han sido adjudicados.