Ramondín, de Logroño a Álava: historia de una deslealtad

En diciembre se cumplen diez años desde que Bruselas declaró ilegales las ayudas fiscales de Álava a Ramondín, que en 1997 propiciaron su decisión de trasladarse a Laguardia, a 4 kilómetros de Logroño

M. J. GONZÁLEZ| LOGROÑO
Imagen de archivo de la empresa Ramondín tomada en 1994, cuando estaba instalada en el polígono Cascajos de Logroño. / T. BLANCO/
Imagen de archivo de la empresa Ramondín tomada en 1994, cuando estaba instalada en el polígono Cascajos de Logroño. / T. BLANCO

Este año se cumple una década desde que la Comisión Europea declarase la ilegalidad de las ayudas fiscales concedidas por la Diputación Foral de Álava a Ramondín, que conllevaron en 1997 su decisión de trasladarse de La Rioja al polígono Casablanca de Laguardia.

El 'caso Ramondín' fue una batalla clave dentro de la guerra judicial que el Gobierno de La Rioja viene librando contra la deslealtad fiscal vasca. Una larguísima lucha contra las vacaciones fiscales que empezó en 1994 el Gobierno presidido por José Ignacio Pérez Sáenz y que continuó el actual presidente, Pedro Sanz.

El conflicto con el fabricante de cápsulas para vino y otras bebidas tuvo su origen en la denuncia que Sanz presentó el 2 de octubre de 1997 ante la Comisión Europea por las ayudas concedidas por la Administración alavesa a Ramondín con motivo del traslado de sus actividades al País Vasco.

Dos años después (22 de diciembre de 1999), la Comisión declaró incompatibles estas ayudas públicas con el mercado común. Contra esta decisión, la Diputación Foral y Ramondín interpusieron sendos recursos en Primera Instancia que, sin embargo, fueron desestimados el 6 de marzo del 2002. Pese a ello, la empresa y la Diputación no desistieron y recurrieron en casación ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, que en noviembre del 2004 falló definitivamente denegando la demanda de Ramondín y de las autoridades vascas, y obligando a la empresa a devolver 10,4 millones de euros.

Pero, ¿ese dinero se ha devuelto? La Diputación Foral de Álava, que es la instancia a la que deberían revertir las ayudas, se niega a facilitar esa información. Su respuesta a la petición formulada por Diario La RIOJA fue escueta: «La Hacienda alavesa nunca da información fiscal sobre los contribuyentes por ser confidencial».

Un «punto de inflexión»

Para el presidente riojano, Pedro Sanz, el 'caso Ramondín' fue «un punto de inflexión en la lucha de La Rioja contra la discriminación y la desigualdad, y para evitar que una competencia fiscal desleal provocase la deslocalización de empresas». Para Sanz, la sentencia de Luxemburgo sobre este asunto «marcó una pauta» para litigios posteriores relacionados con la fiscalidad vasca. Pero, sobre todo, «sirvió para hacernos a los riojanos más fuertes y para disipar la tentación de algunas empresas interesadas en instalarse en La Rioja de agarrarse a esa cuestión a modo de chantaje».

Respecto a los recursos pendientes, Sanz confía en el respaldo del Tribunal Supremo y, asimismo, insta al Gobierno de España a jugar su papel como «garante de la igualdad entre los españoles».