España destina al rescate bancario el equivalente al 14,3% de su riqueza

El instituto emisor cree que ese coste, inferior a la media de la zona euro, puede recuperarse, pero admite que «será un proceso largo y complejo»

M. J. ALEGRE| COLPISA. MADRID
El gobernador del Banco de España, M. Á. Fernández Ordóñez. / EFE/
El gobernador del Banco de España, M. Á. Fernández Ordóñez. / EFE

La magnitud de la crisis que azota los sistemas financieros internacionales ha llevado al conjunto de la zona euro a destinar nada menos que el 15% de su Producto Interior Bruto a los planes de 'rescate' de las entidades que operan en el área. No es una cifra menor, puesto que, sobre un total estimado de 9 billones de euros del PIB generado en el actual ejercicio, asciende a 1,41 billones.

España está algo por debajo de esa proporción, porque las ayudas previstas -unos 150.000 millones- equivalen al 14,3% de la producción anual, y al 5,1% de los activos bancarios.

El Banco de España, que acaba de analizar estas cuentas, matiza que «el coste fiscal efectivo de estas medidas sería mucho menor, incluso nulo, y hasta podría generar ingresos netos a medio plazo, si (estas actuaciones) cumplen su objetivo de estabilizar los mercados». Pero admite que, para recuperar los fondos, será imprescindible el retorno de la confianza y la normalización de los mercados, lo que implica «un proceso largo y complejo». Y es que estas acciones tienen como contrapartida la adquisición de activos o capital de las empresas respaldadas, sus garantías son contingentes y llevan aparejados ingresos para las autoridades fiscales.

Por grandes bloques, la cuantía comprometida en los planes de ayuda pública se dispara hasta una magnitud superior al 22% del PIB en el Reino Unido, y rebasa ligeramente el 15% en Estados Unidos. El 'contagio' de la cultura bancaria anglosajona y el impacto de los productos 'basura' en economías de dimensiones relativamente pequeñas se percibe claramente en la zona euro, donde Holanda ha comprometido una cantidad equivalente a nada menos que el 38,8% de su PIB -igual al 10% de sus activos bancarios- y en Austria la proporción se eleva al 36,9% del producto y al 11,2% de los activos de sus entidades financieras.

Los 480.000 millones de Alemania representan el 19,8% de su Producto Interior Bruto, y los 360.000 de Francia suponen el 18% de la magnitud correspondiente a ese país. Finlandia constituye un caso atípico: Los 54.000 millones destinados a apoyar al sistema financiero equivalen, en este caso, al 30,1% del PIB y al 18,8% de los activos bancarios atesorados por el país.

Explica el Banco de España que las respuestas de las autoridades ante el agravamiento de la crisis han sido cada vez más intensas. Hasta el verano, la estrategia adoptada fue, a grandes rasgos, dotar de liquidez a los mercados y apoyar momentáneamente a algunas entidades en dificultades, a la espera de que afloraran las pérdidas asociadas a los activos problemáticos y el mercado permitiera realizar los ajustes necesarios.

Desconfianza

Pero los acontecimientos se precipitaron. La desconfianza afectó a numerosos instituciones -ninguna española- y, haciendo de la necesidad virtud, los países mejoraron los mecanismos de concertación. Los principales bancos centrales decidieron la bajada conjunta de los tipos de interés el 8 de octubre, y las autoridades coordinaron las estrategias de ayuda, tanto en tiempo como en contenido.

Evoca el instituto emisor que cada institución asumió sus compromisos. De la provisión de liquidez se ocuparon los bancos centrales a través de facilidades crediticias cada vez más amplias (incluso en moneda extranjera), en tanto que de la financiación a entidades financieras (e incluso no financieras) en dificultades se ocuparon los respectivos gobiernos. Bien es verdad que de la instrumentación de estas últimas ayudas se han ocupado, en ocasiones, los bancos centrales, que han actuado como agentes en operaciones de rescate (el caso de AIG) o financiando directamente a los prestatarios.

Para reforzar la solvencia (real o percibida) se ha procedido a afianzar el capital de algunas instituciones mediante inyecciones de capital público, la inducción de procesos de fusión y adquisición, o las nacionalizaciones bancarias. La actuación de las autoridades españolas se centra en el último bloque de las medidas coordinadas: garantías públicas sobre la deuda, los depósitos y otros activos y pasivos bancarios.