El Parlamento iniciará el 18 de noviembre la reforma de las pensiones

Los principales partidos apuestan por ampliar el tiempo utilizado para calcular la jubilación Abordarán también la reestructuración de la viudedad

ELISA GARCIA| COLPISA. MADRID

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo se reunirá el 18 de noviembre para abordar una nueva reforma de las pensiones públicas. Los principales partidos políticos creen imprescindible la ampliación de los 15 años laborales contabilizados para calcular la cuantía de la jubilación y la reestructuración de la viudedad. Desde que se constituyó esta comisión será la primera vez que sus señorías trabajen en un escenario de crisis económica.

El Pacto de Toledo es un acuerdo parlamentario suscrito en 1995 para velar por el sistema público de pensiones y dejar de lado los intereses partidistas. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, acudirá al Parlamento el 18 de noviembre para presentar el balance de la renovación del acuerdo, que tuvo lugar en 2003, e instar a los grupos a trabajar nuevamente juntos cara al futuro.

PSOE, PP y CiU apuestan por ampliar los 15 años utilizados para fijar el importe de la pensión. Sus representantes se muestran conscientes de que se trata de una de las medidas más polémicas surgida en torno a las pensiones. Descartan como primer paso recurrir a toda la vida laboral para calcular la cuantía. La renovación de 2003 ya recogió la conveniencia de profundizar en el principio de contributividad, basado en acercar lo más posible la retribución de la jubilación a la aportación realizada durante los años de trabajo, iniciativa considerada como elemento básico para el equilibrio financiero del sistema.

Para IU cualquier cambio, en este sentido, es inadmisible. Su coordinador general, Gaspar Llamazares, asegura que la ampliación implica el recorte de la pensión. Argumenta que, en general, los mejores años de la vida laboral de un trabajador son los últimos, tesis no compartida por el Gobierno.

No obstante, tanto el diputado popular Tomás Burgos, como el portavoz de CiU, Carles Campuzano, opinan que antes de negociar la introducción de nuevas modificaciones convendría concluir los cambios pactados en 2003. Lamentaron, por ejemplo, que el Gobierno no haya impulsado los sistemas privados complementarios. «Se trata de un pilar muy importante para tener asegurado el futuro», rcomentó Burgos.

Desfasada

En cuanto a la viudedad, PSOE, PP y CiU coinciden en que las pensiones de supervivencia, recibidas por causa de un fallecimiento, pierden importancia. Los tres partidos son proclives a que los trabajadores acumulen sus propios derechos para que puedan disfrutar de su propia prestación. No apuestan por su supresión, pero sí por su reestructuración vinculada al desarrollo socioeconómico del país, y por subir por encima del crecimiento de los precios las más bajas, que mantienen en el umbral de la pobreza a sus perceptores, en su inmensa mayoría mujeres ancianas, que viven solas.

El Gobierno también se ha unido a estas voces. Mantiene que hay que reconducir la viudedad para reservarla a determinadas situaciones. Pero siempre subraya que se respetarán los derechos adquiridos de los actuales perceptores.

IU se opone igualmente a la reestructuración de la viudedad. Llamazares advierte de que la consolidación del sistema no puede suponer recorte de derechos.

En relación con la viudedad, actualmente existe un conflicto sobre una proposición de Ley, presentada por CiU para subir el importe de la viudedad. De manera que en lugar de cobrar el titular 52 euros por cada 100 que recibía el fallecido perciba 70 o en casos especiales 90. El PSOE dio su visto bueno a la propuesta pero ahora considera que cualquier reforma debe ir a la comisión del Pacto de Toledo. El PP está dispuesto a apoyar a los socialistas, pero exige como contrapartida que cesen las descalificaciones sobre su grupo. Para Burgos carece de sentido que el Gobierno diga que el PP hubiera utilizado la crisis para bajar las pensiones

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