Garzón busca datos para enjuiciar al franquismo por un delito de genocidio

Rodríguez Zapatero pide «respeto» a la iniciativa y recuerda que la ley obliga a las administraciones públicas a colaborar con el juez Rajoy sostiene que no es bueno «reabrir las heridas del pasado»

RAMÓN GORRIARÁN| COLPISA. MADRID

El juez Baltasar Garzón busca elementos para imputar un delito de genocidio al franquismo. Responsables de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sostienen que ése es el objetivo de la investigación que puso en marcha este lunes, con la que pretende recabar toda la información necesaria para construir la única imputación que le permitiría enjuiciar a la dictadura de Franco, encauzar el proceso de recuperación de cadáveres y resolver si, como reclaman familiares de víctimas, el Estado debe asumir alguna responsabilidad y resarcir a los damnificados.

La Fiscalía insiste en que los delitos imputables a la represión franquista prescribieron con la Ley de Amnistía de 1977. Si se les considera de lesa humanidad e imprescriptibles, añaden diversos fiscales, son los jueces ordinarios quienes deberán investigar cada caso concreto, aunque recuerdan que la Ley de la Memoria Histórica ha abierto cauces civiles para resolver todas las demandas.

La intervención de la Audiencia Nacional sólo sería posible, concluyen, si Garzón consigue censar un número importante de actos represivos y englobarlos todos en un único supuesto de genocidio, imputable a todo el organigrama de poder franquista con el 'generalísimo' a la cabeza.

El magistrado ya lo ha hecho en los casos de Argentina, Chile o Marruecos. La estructura jurídica por él diseñada es la que permite que en la Audiencia Nacional haya causas abiertas contra supuestos genocidas de Guatemala o China, entre otros. Pero el caso español tiene una peculiaridad: sólo se puede perseguir el genocidio desde que ese comportamiento es considerado delito.

La Fiscalía se reserva

Fiscales de la Audiencia obvian el debate sobre su incorporación a la legislación española y recuerdan que la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio fue aprobada por la ONU el 9 de diciembre de 1948, y entró en vigor en 1951. «Cualquier acto perpetrado durante la Guerra Civil o los años más duros de la represión franquista queda excluido de esta calificación, por execrable que sea», concluyen.

La Fiscalía no ha recurrido la decisión del juez Garzón de poner en marcha una vasta recopilación de datos, y se reserva para el momento en que resuelva sobre su competencia para investigar, si lo hace en sentido positivo.

Ayer, el magistrado apremió a las asociaciones que denunciaron las desapariciones de opositores al alzamiento militar durante y tras la Guerra Civil para que le hagan llegar cuanto antes todos los datos en su poder, «con el fin de poder resolver sobre la competencia con la mayor rapidez».

La posible apertura de una causa contra el franquismo generó reacciones de todo tipo. El presidente del Gobierno apostó por la cautela y evitó, porque «es lo más prudente», hacer valoraciones. Se limitó a pedir «respeto» por la actuación judicial y recordó que la Ley de Memoria Histórica «amplía y reconoce» los derechos de las personas con familiares desaparecidos o fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo. José Luis Rodríguez Zapatero vaticinó que todas las administraciones prestarán su «colaboración» al juez porque la ley así lo establece.

El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, insistió en el respeto al juez, pero dio a entender que el PSOE la comparte puesto que los socialistas tienen un compromiso con «la restitución de la dignidad de las víctimas del franquismo y sus familias». Para eso, recordó, «hicimos la Ley de Memoria Histórica». El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, defendió «el derecho sagrado» de las familias a conocer «dónde están enterrados sus muertos».

Heridas del pasado

El PP se situó en la otra orilla. Su líder, Mariano Rajoy, no vio con buenos ojos la pretensión del juez porque no es bueno «reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga», porque «no conduce a nada». Consideró que con la Constitución los españoles llegaron a un acuerdo para «mirar hacia el futuro» y no volver la vista atrás.

Más rotundo se mostró el ex ministro del Interior y eurodiputado Jaime Mayor Oreja, que tachó de «disparate» la iniciativa de Garzón. Sostuvo que todo lo que sea «ahondar» en la Guerra Civil y la dictadura es «recuperar la peor historia de España».

La otra cara de la moneda en el partido opositor fue Alberto Ruiz-Gallardón. El alcalde de Madrid señaló que la petición del juez de la Audiencia Nacional hay que «acatarla y no comentarla» y se comprometió a que el ayuntamiento de la capital cumplimentará «en todos sus términos» los extremos solicitados por el magistrado.

La misma actitud mostraron otros alcaldes a los que Garzón requirió datos sobre varias fosas comunes y registros documentales. La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, indicó que colaborará con «un espíritu de concordia» para no reabrir viejos enfrentamientos «ni ajustar cuentas». El regidor de Granada, el popular José Torres Hurtado, se pronunció en términos similares aunque no tiene «mucha» documentación en el ayuntamiento sobre esos episodios históricos.

El organismo que no hizo el menor comentario fue la Conferencia Episcopal, a la que Garzón ordenó que permita el acceso policial a los libros de difuntos de las parroquias. El órgano episcopal indicó que no ha recibido ningún documento de la Audiencia Nacional y sólo sabe del asunto por las informaciones de prensa.

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