El Ministerio defiende la obligatoriedad de cursar Educación a la Ciudadanía

El Gobierno estudia recurrir el fallo que reconoce el derecho de objeción. Concapa opina que EpC «no existe» para los objetores tras la sentencia

E. SÁENZ| LOGROÑO
Libros de texto de Educación para la Ciudadanía. / IDEAL DE GRANADA/
Libros de texto de Educación para la Ciudadanía. / IDEAL DE GRANADA

El Ministerio de Educación estudia recurrir, a través de la Abogacía del Estado, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) que reconoce el derecho de unos padres a objetar frente a Educación para la Ciudadanía. Fuentes del departamento que dirige Mercedes Cabrera avanzaron ayer la posibilidad de mantener en este caso la postura tomada sobre el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, el pasado mes de marzo, se pronunció en el mismo sentido y recurrir ante el Tribunal Supremo.

A la espera de confirmar este extremo, el Gobierno central remite a las tesis defendidas por Cabrera al respecto durante los últimos meses: Educación para la Ciudadanía es una asignatura obligatoria exactamente igual que las demás y como cualquier otra incluida en una ley aprobada por el Parlamento. Esto se traduce, como también ha subrayado repetidamente la ministra, en que no cursar EpC impediría a los estudiantes la obtención de los títulos académicos correspondientes.

La postura ministerial contrasta con la situación que, según la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa-Rioja), se dibuja tras la sentencia del TSJR. «A partir de ahora, y hasta que el Tribunal Supremo pueda decir lo contrario, la asignatura no existe para quienes objeten», afirmó ayer el secretario general de la entidad, Enrique Domingo Oslé. O lo que es igual: ni tienen que ir a las clases de EpC, ni deben ser evaluados de sus contenidos y ni tendrán por ello ninguna repercusión negativa en su currículo.

Registro de objetores

Quien tras conocer la sentencia del TSJR ya adelantó que no la recurrirá es el Gobierno de La Rioja. Domingo mostró su satisfacción por esta decisión, aunque juzgó «lógico» que la Consejería dirigida por Luis Alegre no acuda al Tribunal Supremo una vez que el fallo declara «nula de pleno derecho» la resolución que impedía a los padres contrarios a EpC acogerse a la objeción.

A pesar de su satisfacción parcial, Domingo lamentó que el consejero no haya aclarado si, ateniéndose a la sentencia del TSJR, admitirá un registro de objetores una vez que los tribunales riojanos contemplan este derecho. Esta y otras cuestiones serán las que Concapa y consejería tratarán en la reunión prevista para hoy.