Los juzgados penales acumulan 270.000 sentencias sin ejecutar

El Poder Judicial pide más medios y personal para reducir el colapso y una sustancial mejora de los sistemas informáticos y de gestión

ALFONSO TORICES
Los juzgados penales acumulan 270.000 sentencias sin ejecutar

Los juzgados españoles de lo penal, encargados de juzgar los delitos más comunes, los que crean una mayor alarma social, acumulaban a finales del año pasado 270.000 sentencias sin ejecutar, según un estudio monográfico realizado por el Servicio de Inspección del Consejo General Poder Judicial (CGPJ). Son incalculables los ciudadanos condenados por delitos menores que no han sido conminados a cumplir los castigos impuestos; cientos de miles de víctimas, por su parte, siguen sin recibir la reparación o compensación que la propia justicia les reconoció.

Tras la investigación realizada, el Poder Judicial no oculta que la situación de la justicia penal es de colapso grave, y mañana, en una reunión de su Comisión Permanente, propondrá al Ministerio de Justicia y a las autonomías con competencias en la materia una batería de medidas de choque y a medio y largo plazo, para revertir la situación.

El análisis monográfico tiene su origen en el clima de alarma social desatado en marzo pasado por el 'caso Mari Luz', el abuso y posterior asesinato de una niña onubense de nueve años por un hombre que debía llevar más de dos años encarcelado por haber abusado de su propia hija. Santiago del Valle, el sospechoso de este crimen, no estaba encarcelado porque un juzgado de lo penal de Sevilla tardó más de dos años en ordenar su busca y captura para ejecutar la sentencia firme.

Perjuicios

El escándalo provocado por este grave error judicial ha hecho aflorar en las últimas semanas varios casos similares, que pueden ser decenas o centenares a la vista de las conclusiones del estudio. La investigación del CGPJ pone sobre la mesa un problema tan o más grave que la tradicional preocupación ciudadana por los retrasos de la justicia, concentrada en la tardanza en enjuiciar y sentenciar un delito. Son los múltiples perjuicios que ocasionan a las víctimas, y a los ciudadanos en general, que las sentencias ya dictadas no se cumplan de inmediato, no se ejecuten durante meses o años.

El informe señala que en España existen casi 310 juzgados de los penal, los encargados de enjuiciar los delitos con penas de cárcel inferiores a seis años -robos de todo tipo, violencia de género, abusos sexuales, menudeo de drogas, delitos de tráfico y fiscales, agresiones, etc.- y de hacer cumplir las sentencias .

Desde el 2006, en seis grandes ciudades españolas -Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Palma y San Sebastián-, existen otros 15 juzgados penales que sólo se dedican a ejecutar las sentencias dictadas por los demás y que, por lo tanto, descargan a los órganos de su área de influencia (otros 71) de este complejo cometido.

Castilla y León

Tanto los unos como los otros están saturados y «sobrecargados de trabajo». Los juzgados ordinarios de lo penal tenían cada uno, a final del 2007, unas 800 sentencias pendientes de ejecutar de media. En el caso de los 15 órganos especializados en ejecutorias, la media se elevó a unos 5.700 asuntos pendientes por unidad.

En ambos casos se trata del doble de lo que el Poder Judicial considera como una carga de trabajo normal. La radiografía indica que los juzgados ordinarios tenían 189.280 resoluciones sin ejecutar y los especializados 80.125. Los datos, preocupantes, aún empeoran según zonas de España en las que se pone la lupa.

La lista de las regiones con mayor colapso en la ejecución de sentencias la encabeza Cantabria, en la que cada juzgado de lo penal tiene una media de 1.273 causas sin ejecutar. Con una situación parecida le siguen la Comunidad Valenciana (1.196), Navarra (1.159), Murcia (1.140), y Cataluña (1.002). Todas ellas están muy por encima de la media nacional de resoluciones pendientes, que es de 795 por juzgado. Por el contrario, la menor acumulación de sentencias por cumplir se registra en el País Vasco (342), Castilla y León (368), Extremadura (428), La Rioja (553) y Aragón (563).

El Servicio de Inspección ha llegado a la conclusión de que la creación de juzgados específicos de ejecutorias ha sido «positivo», porque ha unificado los procedimientos y ha liberado de trabajo a los órganos ordinarios, pero añade en sus conclusiones que, tras menos dos años de funcionamiento, «ya están colapsados». Les faltan jueces y secretarios judiciales, necesitan más funcionarios y mejor preparados, y les urge un sistema informático eficaz y específico para su labor.

A la vista del análisis, el CGPJ propondrá al Ministerio y a los consejeros de Justicia la formación inmediata de una comisión técnica tripartita para ejecutar un plan que desatasque la ejecución de las sentencias penales.

El plan del Poder Judicial propone, como medidas de choque, el aumento de personal en los juzgados especializados, la instauración de planes de refuerzo y la disminución de funcionarios interinos -sin experiencia-, que en algunos órganos son mayoría, o bien su formación. El proyecto incluye poner un juez y un secretario más en cada uno de los cinco juzgados de Madrid; mantener los planes de refuerzo de Barcelona, Valencia y Bilbao; poner un juez, un secretario y 15 funcionarios más en Palma; y aumentar tres funcionarios en San Sebastián. Entre las medidas a medio plazo figuran la implantación de un sistema informático propio y específico o la realización de una nueva radiografía del problema en el 2008, aún más completa.

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