Los temporeros se plantan

Hacinados. Temporeros en una chabola de Seròs. A la izquierda, una infravivienda donde duermen los recolectores de fruta en La Granja d'Escarp.
Hacinados. Temporeros en una chabola de Seròs. A la izquierda, una infravivienda donde duermen los recolectores de fruta en La Granja d'Escarp. / L. DELSHAMS / SEGRE
  • Magrebíes y subsaharianos se rebelan contra los abusos en la recogida de fruta en Lleida. Jornales y chabolas de miseria

El campo español no aprende. Dos senegaleses y un maliense que trabajaban como temporeros agrícolas murieron abrasados en diciembre del año pasado dentro de un garaje en Mármol (Jaén). El tabuco donde dormían pertenecía al propietario del olivar donde los tres subsaharianos laboraban en la recogida de la aceituna. Perecieron en un incendio causado por una estufa miserable. Entonces hubo rasgamiento de vestiduras y vagas promesas de las administraciones para procurar alojamientos dignos a los temporeros. La enseñanza ha caído en saco roto. Una huelga de magrebíes y subsaharianos que se dedican a recoger la fruta en la comarca del Baix Segre (Lérida) ha revelado que las covachas infectas siguen existiendo. Por añadidura, en algunos casos, a los inmigrantes se le pagaba por debajo de los 6,18 euros la hora, el mínimo estipulado en el convenio catalán.

La explotación de los temporeros se limita a casos aislados, si se da por buena la versión de la Unió de Pagesos (UP), que agrupa a pequeños propietarios de fincas. Si se atiende a los argumentos de UGT, el campo español es un «nicho de fraude» y precisa de importantes inversiones para que se dote al personal eventual de albergues o pisos decentes. Ramón Comes, responsable de Temporeros de UP, se queja amargamente de que la imagen de los payeses haya quedado maltrecha. «Por culpa de cuatro propietarios, han dicho que robamos. No es así, la mayoría cumplimos la ley».

Housseyn, argelino de 25 años, llegó al Baix Segre hace nueve años, cuando la crisis arrolló al sector del ladrillo. Era ayudante de fontanería, un oficio que se resintió del desplome de la construcción. Confió en encontrar una salida alistándose como temporero. Housseyn es una de las personas que han protagonizado los paros ocurridos primero en Seròs y luego en La Granja d'Escarp, dos pueblos leridanos que reclutan mano de obra magrebí y de otras nacionalidades para la cosecha frutícola. En un hecho insólito, los trabajadores se declararon en huelga hace unos días porque consideraban que no les abonaban la cantidad que consagra el Convenio Agropecuario de Cataluña. Además, algunos vivían en condiciones infrahumanas. «Tengo compañeros alojados en garajes sin luz, agua, ni ventilación. Duermen al lado de tractores, en habitaciones que huelen a sulfato, que es lo que le echan a las plantaciones», dice Housseyn. Él ocupa una vivienda digna con su mujer y su hija de un año y cuatro meses, pero se desloma cada día para ganar el sustento. Como muchos temporeros, no cobra las horas extraordinarias. «Sé de compañeros que trabajan once horas al día, con sábados y domingos».

Que un grupo de trabajadores extranjeros, mal pagados y tradicionalmente ajenos a las organizaciones sindicales, se hayan levantado contra los abusos es un hecho infrecuente. «La gente no se amotina porque sí. Hubo movilizaciones cuando la demanda de mano de obra era superior a la oferta, pero este año no es el caso», asegura Antonio Rodríguez, dirigente de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA) en Lérida.

A la vista de las huelgas habidas en Seròs y La Granja d'Escarp, que ya han sido desconvocadas, los alcaldes de ambos municipios se arremangaron y mediaron en el conflicto entre temporeros y payeses. Gracias a su intervención y al ruido generado por los recolectores, los ánimos se han apaciguado. «Pero se puede liar otra vez en cualquier momento», sostiene Rodríguez, que intuye que el siguiente pueblo en ir a la huelga sea Massalcoreig.

Al alcalde de La Granja d'Escarp, Manel Solé, del PDeCAT (la antigua Convergència), no le hace ninguna gracia el jaleo que se ha armado y le escuece que se ponga en duda la reputación de los agricultores leridanos que han contratado mano de obra extranjera. «Los payeses están haciendo bien su trabajo. Algunos han podido incitar a la protesta mediante la desinformación». Para el regidor, las reclamaciones de los temporeros carecían de fundamento. «Les hicimos ver que sus reivindicaciones no se ajustaban a la realidad. No tenían en cuenta que de la retribución de 6,18 euros por hora trabajada, que es el importe bruto, había que descontar el IRPF, la formación profesional, la contribución al desempleo y otras contingencias».

Pero eso no es lo que dice Housseyn, uno de los cabecillas de los recolectores que han ido a la huelga, que sólo ha durado un día. El argelino alega que, hechas las deducciones, al temporero le deberían retribuir la hora a un precio de 5,66 euros. Y no ha sido así. «En el peor de los supuestos, algunos compañeros han recibido 4,80 euros; en otros, 5 o 5,5».

Con todo, los trabajadores han vuelto al tajo a la vista de las promesas y las buenas palabras. «En algunos casos han cobrado más del mínimo establecido», mantiene el alcalde, que echa la culpa de que algunos inmigrantes se cobijen en infraviviendas al hecho de que se así se ahorran el coste del alojamiento. No en balde, algunos payeses procuran viviendas a sus temporeros, a los que descuentan por ello un 10% del sueldo.

El líder ugetista visitó dos de las chabolas de La Granja y no duda en decir que son «una verdadera pocilga». Están enclavadas en antiguos barracones para los mineros y las literas no tienen siquiera patas, se apoyan en piedras. A Antonio Rodríguez no le convence el argumento del alcalde. «Que haya infraviviendas en La Granja es un problema municipal. Los trabajadores están ahí no porque quieran, sino porque no tienen otro sitio».

«No les pillan nunca»

Housseyn vive por su cuenta en una vivienda. Gana un jornal de entre 800 y 850 euros al mes, pero por el alquiler ha de pagar 300 euros, casi un tercio de su salario. El temporero se queja de la poca eficacia de los inspectores de Trabajo. «Cuando llegan no les pillan nunca. No sé cómo lo hacen, pero los propietarios saben cuándo van a venir. Y pliega todo el mundo».

Muchos llevan vidas nómadas, de cosecha en cosecha. Primero toca en Huelva la recogida de fresa. Después, a Murcia a la recolección del albaricoque, la nectarina y el melocotón. De allí a la Comunidad Valenciana, a llenar de cítricos el capacho. Y la última parada se produce en Lérida, donde, terminada la cosecha, se realiza la poda de árboles frutales. En medio de esta existencia errabunda, el temporero puede trabajar hasta enero, siete meses seguidos, encadenando contratos.

«En el campo impera la ley de la selva», sentencia Diego Cañamero, diputado de Unidos Podemos y miembro de la ejecutiva del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Asegura que en Jaén se dan casos sangrantes. «En Jódar los rumanos recogen el ajo con paraguas y sombrillas para protegerse del sol. Y los fines de semana van incluso los niños».

Recibe nuestras newsletters en tu email

Apúntate