Una guerra cuerpo a cuerpo

Una palestina se despide de su hijo, muerto en un choque con soldados israelíes, durante el entierro celebrado el pasado mes de junio en el cementerio de Ramala.
Una palestina se despide de su hijo, muerto en un choque con soldados israelíes, durante el entierro celebrado el pasado mes de junio en el cementerio de Ramala. / REUTERS
  • La resistencia de israelíes y palestinos a entregarse mutuamente los cadáveres de los enemigos caídos en combate mantiene abierto otro frente en el interminable conflicto armado en Oriente Próximo

Las familias de los soldados israelíes Hadar Goldin y Oron Shaul esperan desde el verano de 2014 que Hamás entregue sus cuerpos para poder enterrarlos y darles la despedida que se merecen. Más de dos años de duelo inacabado y desencuentros con el Gobierno de su país, al que reclaman «una fuerte presión» sobre la Franja y el partido islamista para forzar la devolución de sus seres queridos, que perdieron la vida durante la operación 'Margen Protector'. El coordinador de la oficina del primer ministro, Benyamin Netanyahu, dedicada a los prisioneros de guerra y desaparecidos en acción, Lior Lotán, reveló el pasado mes de septiembre que Hamás había rechazado las dos propuestas planteadas por Tel Aviv, que llegó a ofrecer «la liberación de todos los hombres capturados por el Ejército israelí en aquella intervención militar, así como los cadáveres enemigos recuperados, a cambio de los restos de Goldin y Shaul». Israel conserva en la actualidad 19 cadáveres de milicianos de Hamás.

El propio Netanyahu aludió a este episodio en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde llegó a calificar de «indecente y bárbara» la estrategia de Hamás de no devolver a los caídos en combate. «Rompe con todas las reglas del derecho humanitario», sentenció. Los padres de Goldin viajaron también hasta las oficinas del organismo multinacional para buscar un altavoz, pedir que se redoble la capacidad de influencia sobre las autoridades de la Franja y recordar que «traer a un joven judío para enterrarlo es un valor humanitario básico».

Israelíes y palestinos coinciden en que retener los restos mortales del enemigo viola preceptos de la justicia internacional, pero ambos bandos lo hacen. Los primeros han extendido esta práctica no solo a milicianos fallecidos en choques armados, sino a decenas de civiles a los que se acusa de cometer ataques contra el Estado judío. La última semana de noviembre, entregaron a su familia el cuerpo de Nasim Omran Abu Meizar, de 28 años, abatido a tiros el 30 de septiembre cuando apuñaló a un soldado en el puesto de control de Qalandia. Los familiares pudieron enterrarle en el cementerio de Al Mujahidin, en la calle Salahedín del este de Jerusalén, después de 54 días de angustiosa demora.

La misma imagen y en el mismo camposanto se vivió dos meses antes, cuando Abd Al Muhsen recibió sepultura tras pasar 263 días congelado en una cámara frigorífica, una de las esperas más prolongadas en este largo enfrentamiento. Solo veinte personas pudieron acceder entonces a un cementerio blindado por las fuerzas de seguridad. En silencio, con una corona de flores en la que tuvieron que tachar la palabra «mártir», sin teléfonos, con un tiempo programado de una hora para acabar con la ceremonia, los familiares despidieron al joven de 21 años y regresaron a su domicilio en Hebrón. «Por fin pude descansar. Fue una tortura diaria, no me atrevía ya ni a abrir el frigorífico porque el frío me recordaba a mi hijo», afirma Nadia Hassuneh, madre de Abd Al Muhsen, que necesitaba «verle la cara, comprobar realmente que era él, no otro, y poderle enterrar. No nos permiten hacer autopsias, pero sí descubrir las cajas, y eso hice cuando nos lo entregaron. No estaba del todo congelado, pude ver su rostro de niño por última vez y me sentí la mujer más fuerte del mundo».

'Intifada de los cuchillos'

Abd Al Muhsen murió el 14 de diciembre por los disparos de un agente de seguridad y un civil armado. Su coche se estampó contra una parada de autobús cerca de la Estación Central de Jerusalén e hirió a once personas, entre ellas un bebé. Desde el primer instante Israel consideró lo ocurrido como «un acto terrorista» de la bautizada como 'intifada de los cuchillos', que comenzó en octubre de 2015 y ha costado ya la vida a 38 israelíes y tres extranjeros. En el otro extremo, al menos 225 palestinos han sido abatidos por las fuerzas de seguridad; dos tercios de ellos atacantes o supuestos atacantes y el resto, en disturbios callejeros. Ante la oleada de violencia, Tel Aviv decidió endurecer las represalias y reactivó castigos como el derribo de casas o la retención de los cuerpos, una medida aplicada en el pasado a milicianos de las facciones armadas palestinas o en la guerra con la milicia libanesa de Hizbolá, para utilizarlos como moneda en futuros intercambios o negociaciones.

Israel justifica esta política en la necesidad de que cada funeral de sus rivales no se convierta en una «exaltación del terrorismo e incitación al asesinato», en palabras del ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, convencido de que «debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el terrorista no reciba honores y ceremonias después de haber cometido un atentado». Para el titular de Defensa, Avigdor Lieberman, devolver los cuerpos de los enemigos «es una muestra de debilidad frente al terrorismo». A su vez, Hamás sabe que se trata de una de las cosas más sagradas para los israelíes y fuerza al máximo las negociaciones. En 2011, el grupo islamista liberó al soldado Gilad Shalit después de cinco años de secuestro a cambio de 1.027 presos, 280 de ellos con delitos de sangre.

Retener los cadáveres, de uno y otro bando, «viola las leyes del derecho humanitario internacional. De acuerdo con la Convención de Ginebra y el protocolo adicional I, Israel tiene la obligación de devolver los restos del muerto. Esto incluye recoger, evacuar y enterrar el cadáver. Las partes de un conflicto armado deben respetar la muerte, y las condiciones en las que se celebran aquí los funerales obstruyen cualquier posibilidad de realizar investigaciones sobre las circunstancias del deceso», señala la organización Al Haq, dedicada desde 1979 a promover y proteger los derechos humanos y la aplicación de la ley en los Territorios Ocupados.

Al Haq registra cada uno de los ataques o supuestos ataques y lamenta la «falta de transparencia en las investigaciones», lo que le lleva a denominar algunos de los casos como «asesinatos extrajudiciales». Un informe de Naciones Unidas del pasado mes de mayo denunció «la prohibición de las autopsias» y las pobres e inhumanas condiciones en las que se conservan los cuerpos retenidos, «almacenados unos encima de los otros».

«No vemos la forma de encontrar el final de nuestro duelo hasta que le traigamos de nuevo a casa», declaró Leah Goldin, madre de Hadar, en una reciente entrevista concedida a 'The Washington Post'. Lo mismo acontece en la casa de los Shaul; un vacío que las promesas de las autoridades no pueden llenar. Las familias a los dos lados del muro son las grandes víctimas de esta guerra interminable. Esperan que les devuelvan los restos de sus seres queridos para que puedan descansar en paz. Los muertos y ellos.

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