Moderación desde la Federación de Empresarios y críticas (porque entienden que el Gobierno sigue los dictados de la patronal) desde los sindicatos. Así se ha recibido en La Rioja la intención de reducir las modalidades de contratación.
Desde la FER, su secretario general, Eduardo Fernández, recalca que lo que se modifica «son los formularios» y que «todo lo que implique reducir la burocracia es positivo». En cualquier caso, y a expensas de ver cómo se articula definitivamente, «es difícil aventurar cómo afectará» a la contratación, dice Fernández, quien apela al diálogo de todas las partes para articular un sistema eficaz y generador de empleo.
Los sindicatos coinciden, a grandes rasgos, en su valoración crítica. Juanjo Bárcenas, secretario de Empleo y Salud Laboral de UGT, teme que detrás de esa reordenación contractual se esconda «una desregulación laboral y peores condiciones para los trabajadores». Argumenta Bárcenas que el temor de su sindicato es que al fijar cinco modalidades de contrato «la unificación se haga a la baja y que, por ejemplo, se reduzcan al mínimo las indemnizaciones para todos los tipos de contratos». Además cree que ninguna modalidad de las propuestas por Fátima Báñez «sirve para crear empleo».
Koldo González (CCOO) es más contundente. Habla de «chapuza», asegura que el objetivo último es «dar respuesta a la pretensión de la patronal de que sólo exista un contrato con indemnización creciente» y afirma que «van a seguir existiendo las mismas formas de contratación pero con sólo cinco formularios».
El secretario general de CCOO en La Rioja cree que frente a un modelo que no corrige «la precariedad y el fraude», que «no apuesta por la I+D+i y que no va a permitir crear empleo» hay que buscar «estabilidad laboral y flexibilidad interna».
Desde USO Rioja, Javier Martínez (secretario general) prefiere esperar a «leer la letra pequeña» aunque su temor es que «si se hace caso a la CEOE se precarizará el trabajo. Si quieren despedir más barato, estaremos en contra porque los contratos deben ser indefinidos y en condiciones dignas». Argumenta Martínez que el empresario debe «cambiar el chip, demostrar su calidad empresarial y no basar las ganancias en lo que le quitan al trabajador» y teme que la propuesta ministerial es «una herramienta más para precarizar el empleo».
