Un programa ya contratado, pero que «no funcionaba» hasta ahora

«No es que no se vaya a cobrar, sino que parte de ello se ingresará en años posteriores». La concejala de Hacienda y Administración Pública, Mar San Martín, resta importancia a la falta de un programa informático «bien realizado y planteado», tal y como venía advirtiendo el interventor general desde el 2010, y sitúa en los recursos y reclamaciones pendientes de resolución la razón del más de un millón de euros que anualmente se quedan a la espera de cobro.

Si bien los recursos, las reclamaciones o, directamente, los impagos siempre han estado ahí -y generalmente en niveles superiores al 50%-, lo cierto es que la ausencia del citado programa ha dificultado su cobro aún más según el informe municipal. Y ello pese a que San Martín sostenga que lo del problema informático no influye en los ingresos líquidos ni en los saldos pendientes de cobro pues, anteriormente, los porcentajes de recaudación se venían asemejando cada ejercicio.

«Se trata de algo circunstancial, pues lo verdaderamente importante es el alto índice de reclamaciones y recursos a las sanciones, cuyo ingreso debe suspenderse hasta su resolución». La edil popular se basa, por ejemplo, en las reclamaciones presentadas el pasado año ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Logroño, un total de 131, de las que la mayor parte estaban relacionadas con multas de tráfico.

En cualquier caso, tanto San Martín como el propio Vicente Urquía, concejal del ramo en el 2010 y ahora de la oposición, reconocen las dificultades a la hora de la puesta en marcha del programa informático que veía necesario el interventor en sus sucesivos informes y que hubiese evitado no pocas anulaciones, prescripciones y, en definitiva, mucha conflictividad al respecto.

«El programa simplemente hará que la gestión de las multas sea más eficaz», sentencia San Martín. «Nos encontramos con un programa contratado, que se estaba instalando y daba muchos problemas, por lo que fue necesario incluso la contratación de una asistencia técnica para su puesta en marcha definitiva», añade la concejala delegada, quien dice que ya está en funcionamiento desde mediados del 2012.

«Los problemas se han venido arrastrando hasta ahora», confiesa Urquía, quien recuerda que durante la anterior legislatura no se hizo a tiempo y «nos ha costado tanto a nosotros como a ellos». Desde la oposición socialista, al contrario que desde el equipo de Gobierno popular, sí que se reconocen anulaciones y prescripciones en ese sentido. «Veremos si incide en el 2013, cuando ya funcionará durante un ejercicio entero», precisa San Martín, quien entiende que «en principio no influye en la recaudación o no de las multas».

A pesar de que ambos reconocen problemas, PP y PSOE, PSOE y PP, no deja de ser sintomático que ni San Martín ni Urquía se lancen reproches o critiquen nada al respecto. El interventor, de hecho, lleva repitiendo la misma advertencia desde el 2010, incluso en el 2012 cuando, según ambos, ya estaba solucionado el asunto. «No hay más, las advertencias van en el sentido de que si hubiese habido programa se hubiese gestionado mejor; no hay más porque las demoras en el pago de las sanciones por infracciones de la ordenanza de circulación son habituales», concluye San Martín. «Su cobro es paulatino y complicado», apostilla Urquía.