El 3 de octubre del año 2000, el Ayuntamiento de Grávalos solicitó al de Alfaro la creación de una comisión con el fin de tratar el tema del deslinde del monte Yerga. Entonces, el Consistorio gravaleño encargó un informe al Instituto Geográfico Nacional que se basó en trabajos topográficos del primer cuarto del siglo pasado y fue presentado en el 2003.
El escrito demostraba que la subestación del parque eólico, así como las torres de repetición de señales, se encontraban en terrenos de Grávalos, que pedía el cobro del arrendamiento de las parcelas ocupadas por las torres de repetición y la mejora de las señales de telecomunicaciones.
Al principio, el entendimiento entre Alfaro, con la alcaldesa Miren Iríbar, y Grávalos, con Alfonso Arnedo, fue inexistente. Tampoco hubo acuerdo con los cambios políticos cuando accedió a la Alcaldía alfareña Tomas Martínez y a la gravaleña Jorge Abad.
Esto no quiere decir que no hubiese contactos. En diciembre del 2003 Grávalos pidió de nuevo la creación de comisiones en ambos municipios para solucionar el conflicto. La primera reunión conjunta tuvo lugar en la cima del monte Yerga el 5 de abril del 2005 y la segunda se realizó el 5 de mayo de ese mismo año. Acudieron técnicos, los alcaldes, así como algunos concejales y vecinos.
No se produjo ningún avance, por lo que el asunto pasó a la Comunidad Autónoma, que incluso requirió la colaboración del Ayuntamiento de Autol en el 2006 por si tuviera algún documento que aclarase algo la disputa de la línea divisoria de ambas localidades en Yerga.
El Consejo de Gobierno de La Rioja ratificó un nuevo informe salomónico de los técnicos del Instituto Geográfico Nacional, pero la decisión fue llevada a los juzgados por Alfaro. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja como el Supremo de Madrid, ratificaron el acuerdo del Consejo. Las negociaciones se reiniciaron con Yolanda Preciado al frente de la Corporación alfareña y Jorge Abad en la de Grávalos.
