La disputa entre Alfaro y Grávalos para definir los lindes de sus términos municipales sobre la cima del monte Yerga, con los ingresos y cánones por sus instalaciones de comunicaciones como principal razón de los desacuerdos, llega a su último capítulo. Los hechos se han ido sucediendo de la siguiente manera: tras seis años de reclamación gravaleña y defensa alfareña, el Gobierno de La Rioja resolvía, el 14 de marzo del 2008, que el deslinde entre ambos términos municipales responde a lo dispuesto en el informe técnico del Instituto Geográfico Nacional del 1 de agosto del 2006, que señala que la línea del límite jurisdiccional «es la reflejada en el acta de deslinde levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico los días 23 y 24 de julio de 1923».
Ante este hecho, el Ayuntamiento de Alfaro acude a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que, el 23 de junio del 2009, emitía una sentencia por la que daba la razón a los argumentos gravaleños y ratificaba un reparto al 50% de los ingresos y cánones de las antenas.
Posteriormente, la sala tercera del Tribunal Supremo rechazaba, el 29 de marzo del 2011, el recurso de casación interpuesto de nuevo por el Ayuntamiento de Alfaro, que ahora acude al Gobierno de La Rioja, entidad que reparte los ingresos, para que medie y fije los modos y cuantías para percibir los beneficios que generan el repetidor, el Centro de Telecomunicaciones de La Rioja Baja y otras antenas.
«Como la sentencia ya es firme y marca una decisión salomónica, la mitad de antenas para uno y la otra mitad para otros, y dado que quien paga es el Gobierno de La Rioja, nos hemos reunido con sus representantes para que convoque a los dos ayuntamientos para definir económicamente qué supone la sentencia a ambas partes», explica la alcaldesa alfareña, Yolanda Preciado, con el ánimo de cerrar esta disputa que dura ya más de una década.
