Tres el 28 de diciembre, dos el día 31, hasta cuatro el 2 de enero y tres más ayer mismo... El Ayuntamiento de Logroño ha legalizado una docena de antenas de telefonía móvil en otros tantos puntos de la capital después de que una sentencia del TSJR obligase a la Administración local a modificar la ordenanza eliminando, entre otros requisitos, todo lo relativo a las distancias mínimas exigidas, esas que prohibían su instalación a menos de 75 metros de equipamientos culturales y centros de enseñanza, asistenciales y sanitarios (además de en parcelas dotacionales calificadas para tales usos) o de espacios libres públicos (parques y zonas de recreo y expansión).
Si el pasado jueves el Partido Riojano (PR+) acusaba a la alcaldesa, Cuca Gamarra, de «querer llenar» la ciudad de antenas de telefonía móvil y de pretender legalizar algunas junto a colegios, plazas, parques o centros de trabajo, ayer viernes el equipo de Gobierno municipal del PP precisaba, a requerimiento de Diario LA RIOJA, que todo se ajusta a la modificación de una ordenanza «que tuvo que adecuarse» a dicha sentencia, eliminando algunas de las restricciones existentes en la normativa anterior.
«La ordenanza actual es lo que los tribunales nos han permitido que fuera», aclara el concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo. Y es que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), tras haber desechado previamente varios recursos interpuestos por otras operadoras e instituciones, desde Telefónica Móviles al propio Gobierno regional, estimaba con fecha 8 de marzo del 2012 el interpuesto por France Telecom España por el que se suprimían varios artículos de la norma local.
Se da la circunstancia de que la ordenanza reguladora de antenas de telefonía móvil de Logroño -la misma que, aprobada por PSOE y PR durante la anterior legislatura y afianzada a golpe de sentencia, preveía la retirada de hasta 50 antenas que incurrían en ilegalidad-, se topaba menos de dos años después con un fallo judicial que, tras los últimos cambios en la jurisprudencia, echaba por tierra lo avalado hasta la fecha.
La sentencia del TSJR obligaba en la práctica al propio Ayuntamiento a revisar algunas de las ubicaciones propuestas por las operadoras dentro de los exigidos planes de implantación de antenas de telefonía móvil que, con aquella ordenanza en la mano, fueron desechados. «En base a la modificación ya aprobada en cumplimiento de la sentencia iremos tramitando los planes de implantación para su aprobación definitiva», añade Sáez.
Ya durante el pasado mes de mayo el equipo de Gobierno municipal estimó que el fallo judicial llevaría a que entre 12 y 19 antenas -algunas ya instaladas en lugares prohibidos a posteriori por la ordenanza y otras que, propuestas por las operadoras tiempo después, fueron rechazadas con la nueva norma entonces en vigor- deberían ser estudiadas de nuevo si así lo solicitaban las compañías, como finalmente ha sucedido.
