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Detectan un fraude por valor de 315.000 euros en el cobro del 4% de las prestaciones sociales

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Detectan un fraude por valor de 315.000 euros en el cobro del 4% de las prestaciones sociales

Salud ha retirado 358 ayudas fraudulentas y otras 1.750 que se percibían por desconocimiento de las normas

06.07.12 - 00:17 -
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Ha bastado una inspección y el cruce de datos de las bases del INSS, AEAT, Red Sara, INEM, SISAAD y Catastro para que Servicios Sociales haya detectado casi el 4% de fraude en la percepción de ayudas vinculadas con la dependencia, la inclusión social, las pensiones no contributivas y subsidios de la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI).
Un porcentaje que en cifras absolutas supone que 358 personas han estado cobrando «indebidamente» alguna de estas prestaciones y que ahora una vez detectados tendrán que devolver 315.486 euros a la Administración para que reingresen de nuevo en el circuito de las ayudas, a las que anualmente se destinan unos 30 millones de euros en La Rioja.
A estas prestaciones ya extinguidas, sobre las que ayer informaron el consejero de Salud, José Ignacio Nieto, y la directora general de Atención a la Dependencia y Prestaciones Sociales, Carmen Corral, hay que sumar otras 1.750 que el Gobierno regional ha eliminado al detectarse que se estaban cobrando por desconocimiento de la norma o alguna modificación del nivel de dependencia que, sin saberlo, les excluía de la ayuda.
La inspección de las prestaciones se ha efectuado al 100% de las que se estaban cobrando el año pasado en La Rioja Alta, Baja y Media y al 50% de las que se percibían en Logroño. La idea, según Corral, es alcanzar el 75% en la capital el próximo año y avanzar así en el plan de lucha contra el fraude en las prestaciones económicas del sistema público riojano de Servicios Sociales.
En virtud de ese plan se han revisado ya 9.245 expedientes y de ellos, 3.963 en el ámbito de la dependencia -488 de ayuda vinculada al servicio y 3.475 de prestación para cuidados en el entorno familiar-. Como resultado de esta inspección se han detectado 1.180 situaciones susceptibles de cambio, de las que el 19% han exigido una modificación en la cuantía percibida y el 81% restante (955) ha supuesto la suspensión de la ayuda.
No obstante, sólo 120 de estas 955 se han retirado por fraudulentas, lo que supondrá el reingreso de 102.084,50 euros. En este caso, las infracciones más frecuentas han sido: no atender bien al dependiente, que éste rotara por diferentes domicilios, que el cuidador no fuese un familiar y que el dependiente haya dejado la residencia sin comunicarlo.
Respecto a los motivos que han llevado a Servicio Sociales a retirar las otras 835 prestaciones de dependencia pese a que no existía fraude, Nieto lo justifica en el desconocimiento de las normas por parte de muchos preceptores, en fallecimientos o incluso en cambios en el nivel de dependencia que les ha excluido de la lista de posibles beneficiarios.
Obligados a la devolución
En el capítulo de prestaciones de inserción social se han revisado 3.125 expedientes, 2.284 de Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) y 841 de Ayudas de Inclusión Social (AIS). En total, se han extinguido 982 y de éstas, 163 ha sido declaradas como indebidamente percibidas. Los infractores deberán devolver en total 86.463,76 euros. En este caso las situaciones más comunes que han llevado a la extinción han sido que la unidad de convivencia supere los ingresos máximos, acceder a otras prestaciones incompatibles con las ayudas y estar trabajando sin haberlo comunicado a la administración, «aunque haya sido un periodo reducido de tiempo», detalló.
En cuanto a las pensiones no contributivas y subsidios LISMI, se han revisado 2.157 expedientes y de ellos, el 85,4% conserva la cuantía percibida, el 6,6% sufre alguna modificación de cantidad -algunas de ellas al alza- y el 7,9% (170) se han extinguido. De estas últimas sólo 75 han sido fraudulentas y su devolución sumará 126.938,10 euros a las arcas regionales.
Respecto a las probabilidades de cobro, Carmen Corral detalló que a los infractores se les ofrece todo tipo de posibilidades, incluido el pago a plazos con cantidades que en algún caso no superan los diez euros al mes. Al final, estima que el 99% del dinero defraudado habrá reingresado a Servicios Sociales.
A grandes rasgos, de los más de 9.000 expedientes revisados, casi una cuarta parte ellos han sido eliminados, aunque de la misma forma que se han ido suprimiendo, han ido ingresando nuevos casos cada mes.
A partir de ahora, Nieto cree necesario seguir optimizando la gestión presupuestaria «priorizando la garantía de los derechos sociales sobre otras políticas del gasto del departamento, al tiempo que se garantiza la adecuada asignación de estos recursos a través de las necesarias labores de control».
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