La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) presentó ayer junto a 15 asociaciones regionales la Plataforma Riojana contra la Economía Sumergida y el Intrusismo con el fin de luchar contra estas prácticas irregulares y «defender la actividad y el empleo que generan las empresas, pymes y autónomos desde el marco legal establecido», según informó el presidente de la FER, Julián Doménech. La patronal riojana ha detectado que la economía sumergida está creciendo debido a la crisis, pero considera que «estas lamentables circunstancias no pueden ser excusa para actuar en contra de la ley».
Doménech afirmó que con esta propuesta se busca «sensibilizar a la sociedad de la importancia de una actividad legal» y luchar contra la competencia desleal e ilegal que se desarrolla en la región con el fin de «defender la actividad económica y empresarial que se desarrolle dentro de la normativa», expuso. Esta plataforma se encargará de recoger las denuncias de las presuntas actividades ilegales y, una vez comprobada la información, desde la propia asociación se comunicará a las autoridades pertinentes.
Igualmente, Doménech pidió a los poderes públicos una «mayor actividad ante la ilegalidad» de estas actuaciones a través de normas que castiguen a aquellos que vayan y actúen en contra de la ley. Con el fin de planificar las actividades y controlar el buen funcionamiento de la Plataforma se establece una Comisión de Seguimiento, presidida por la FER y compuesta por un miembro de cada una de las asociaciones de la Plataforma que se reunirá cada seis meses.
UGT calificó ayer de positiva esta noticia, pero llamó la atención ante la posible aplicación de una «doble moral». El sindicato informó de que envió una carta al delegado de Gobierno de La Rioja, Alberto Bretón, en la que solicitaba información sobre las actuaciones de economía sumergida, pero que esta carta «no ha tenido respuesta». Por otra parte, insistió en que la eliminación de la economía sumergida en La Rioja «supondría no desarrollar recortes en los servicios públicos de educación o sanidad, ni ajustes a los empleados públicos de la comunidad».
