En la recta final hacia los juzgados. La Asociación de usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) última por todo el país los preparativos para la presentación de, al menos, una decena de demandas judiciales por la masiva comercialización fraudulenta de los denominados productos tóxicos de ahorro, entre otros, participaciones preferentes y obligaciones subordinadas.
De momento, en su punto de mira figuran ya Banco de Sabadell, BBVA, CAM, Catalunya Caixa, La Caixa, Nova Caixa Galicia, Banco Santander, Banca Cívica, Bankia y Bankinter y sus respectivas filiales, aunque según adelantó ayer, en declaraciones a Diario LA RIOJA, Santiago Pérez, responsable de casos colectivos y los servicios jurídicos de Adicae, «esperamos poder actuar contra las 52 entidades contra las que en octubre pasado presentamos denuncia ante la CNMV».
Descartada la vía penal
Pérez se desplazó ayer a la capital riojana para reunirse con varias decenas de afectados a lo largo de tres reuniones mantenidas en la sede logroñesa de Cruz Roja, encuentros que proseguirán en próximas semanas, según explicó el responsable de Adicae, que anunció la inminente apertura de una sede de la asociación en Logroño. «Aquí en La Rioja representamos ya a 250 damnificados, pero dado el volumen de emisiones detectado, entendemos que en La Rioja puede haber unos cinco mil afectados por este problema, que a nivel nacional implica a más de un millón de familias», añadió Pérez.
Como muestra del engaño perpetrado, desde Adicae se asegura que han encontrado algunos contratos de participaciones preferentes cuya fecha de vencimiento supera el año 2800 e, incluso, hay uno que vence el 16 de diciembre del año 3000.
El representante de Adicae desplazado a Logroño añadió que «informamos a los afectados de cómo defender sus derechos, cómo actuar ante las ofertas de canje de las entidades financieras y cómo unirse, si así lo desean, a las demandas agrupadas que estamos preparando».
La asociación, que insistirá en las próximas semanas en todas las vías posibles -CNMV y grupos políticos-, planea concluir todo el trabajo en apenas dos meses para poder entonces presentar las demandas judiciales por la vía civil para reclamar la nulidad de contrato y la devolución del dinero. «Descartamos la vía penal porque sabemos que es hacer perder el tiempo a los afectados», remató Santiago Pérez.
