El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha ampliado la denuncia sobre las supuestas adjudicaciones irregulares en la Policía que desde hace unas semanas investiga el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El SUP, mayoritario en el cuerpo, ha presentado un escrito ante este juzgado para que investigue la compra de robots para los aritificieros y los inhibidores que se utilizan en la lucha antiterrorista.
Esta solicitud se une a la denuncia registrada por Anticorrupción, que dio visos de credibilidad a un escrito anónimo en el que se detallaban supuestos contratos a empresarios amigos por un valor cercano a los dos millones de euros solo durante los ejercicios del 2010 y 2011. Siempre según esa denuncia inicial, el Departamento de Obras y Arquitectura de la Dirección General de la Policía habría encargado una treintena de obras en instalaciones policiales de una decena de provincias diferentes, entre ellas La Rioja.
Comisaría de Logroño
Una de las presuntas irregularidades podrían afectar a las obras del edificio de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, recientemente inaugurado en Logroño. Según la denuncia anónima que originó las pesquisas, la adjudicación de una subcontrata por 21.063 millones podría ser objeto de alguna irregularidad en la nueva Comisaría de la capital riojana. Ahora, el SUP se remonta al 2003 y al 2004, y pide incluir en la investigación otras tres obras, las de la construcción de las comisarías de Manacor (en Baleares), Zamora y Alcalá de Guadaira (Sevilla). Según el sindicato, los presupuestos de los trabajos aceptados por Interior podrían haber «encarecido notablemente» las obras en comparación a otros proyectos que se presentaron y no se aceptaron.
Pero el Sindicato Unificado de Policía va más allá. Al margen de obras, la central denunció ante el juzgado madrileño dos concursos muy polémicos, que el SUP ya llevó ante los órganos de gobierno del cuerpo, los nuevos robots de los artificieros y los inhibidores usados para neutralizar las ondas que activan las bombas a distancia, un elemento básico en la lucha antiterrorista.
Sobre los robots, reclama la investigación de «las presuntas irregularidades» en la compra de 11 «robots de desactivación de explosivos» en el 2004 para el Tedax. Según la denuncia, durante diez meses un especialista de esta unidad fue comisionado para «trabajar en el prototipo» y contactar con los fabricantes y conseguir que una empresa sueca se comprometiera, sin costes, a adaptar los ingenios a las necesidades de la Policía española.
Sin embargo, el proyecto fue aparcado por la Dirección de la Policía al no considerarlo viable y obligó al especialista a «entregar los planos y los datos técnicos del prototipo». Poco después, el Ministerio de Interior contrató con otra empresa la compra de 11 robots «prácticamente idénticos a aquellos cuyos planos fueron, en teoría, desechados». El SUP sostiene que los artefactos entraron en funcionamiento sin que se subsanaran los «muchos fallos» que presentaban en el diseño inicial. La otra adjudicación que el sindicato pone bajo sospecha es la compra de, al menos, 18 inhibidores para bloquear las ondas que activan las bombas.
