La oposición municipal sacó a colación, en el último Pleno, el tema de los perros. Más que de ellos, de sus deposiciones, y, afinando más, del hecho de que sus propietarios (algunos) no las retiren y queden a disposición de zapatos despistados.
Así, el portavoz socialista, Agustín García Metola, se hizo eco de las quejas de vecinos de la avenida de Obras Públicas y carretera de Gallinero para dejar constancia de un supuesto «incremento del nivel de excrementos en la vía pública». Diego Mendiola, por Izquierda Unida, también trasladó algunas quejas y preguntó por las sanciones, aunque, más allá de las medidas punitivas, su interés se centró en la posibilidad de acondicionar 'pipicanes' en determinadas zonas. El alcalde, Javier Azpeitia, apeló como respuesta a la necesidad de «concienciación» de los dueños de los canes.
La falta de ella se paga. La inobservancia en la obligación de retirar los excrementos u otras cuestiones relacionadas con el mejor amigo del hombre, se sanciona en base a la 'Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales de compañía', aprobada por el Pleno en julio del 2004 con el objetivo general de «armonizar la convivencia de personas y animales en condiciones de seguridad y salubridad» para unos y otros. Según indica el subinspector jefe de la Policía Local, Demetrio Sáez de la Maleta, en el último año se cursaron seis sanciones por infringir la normativa. En concreto, por no recoger las deposiciones de la vía pública, por llevar a los perros sueltos, o, en el caso de los potencialmente peligrosos, por pasearlos sin bozal o carecer de la preceptiva licencia. El importe de las multas osciló entre los 60 y 100 euros. «Normalmente, si es la primera vez, la Policía Local avisa e informa al propietario. Si reincide se le sanciona», indica Sáez de la Maleta.
Las citadas son las causas más comunes de sanción, pero la ordenanza incluye muchas otras infracciones, que, en el caso de las catalogadas como muy graves, pueden aparejar una sanción de hasta 15.000 euros. Por ejemplo, agredir físicamente a los animales o someterlos a prácticas que les supongan sufrimientos o daños permanentes o la muerte, o no facilitarles alimentación. Otro ejemplo: quienes tengan animales en viviendas o locales deshabitados, o en solares y patios donde no se les pueda vigilar, pueden terminar pagando entre 60 y 300 euros. Tampoco se podrán tener de forma permanente en terrazas, balcones o en patios de la comunidad de propietarios, «debiendo siempre pasar la noche en el interior de la vivienda protegidos de las inclemencias ambientales para evitarles sufrimientos», dice la normativa, entre muchas otras cuestiones.
