Hace 12 años la Unión Europea aprobaba la Directiva 98/8 de Biocidas para tratar de preservar nuestro medioambiente y nuestra salud estableciendo un sistema de comercialización de biocidas basado en un procedimiento de autorización y registro de sustancias utilizadas por la industria. Unas sustancias que serían valoradas y, cuando el dictamen fuese favorable, se incluirían en un registro y se autorizaría su uso a escala europea.
Esta Directiva, que en los últimos días ha protagonizado la actualidad informativa, recopila las sustancias ya existentes y utilizadas antes de su entrada en vigor, el 14 de mayo del 2000, y autoriza un procedimiento para «notificar» sustancias activas existentes que la industria tenga interés en registrar y autorizar. En el caso de la crianza de vinos, se habilita un camino para que la industria vitivinícola europea, que utiliza desde siempre el SO2 para la desinfección de barricas, pudiese seguir utilizándolo, previo registro y autorización. Es decir, que la iniciativa privada puede defender la utilización de un producto por razones industriales, comerciales o económicas, y esa defensa será tomada en consideración por la Administración Europea.
El mecanismo previsto para ese registro y autorización por parte de la Directiva es la presentación de un estudio técnico y científico de alto nivel y a escala europea que, en el caso que nos ocupa, demuestre que el sulfuroso ha sido utilizado siempre, que no se ha encontrado un método sustitutivo que pueda reemplazar su utilización y que no se han demostrado problemas de seguridad e higiene en el trabajo que impidan continuar utilizándolo.
Si no se presenta este estudio por parte de la industria antes del próximo mes de mayo, no se procederá a su evaluación y, por lo tanto, la Comisión Europea ni registrará ni autorizará el uso de SO2 en la desinfección de barricas. En ese supuesto, la industria deberá desinfectar las barricas de otro modo, probablemente incrementando los costes de producción enormemente. Por eso la industria vitivinícola europea, representada por el lobby Comité Vinos, decidió presentar ese estudio ante la Comisión Europea.
El estudio está en marcha y, previsiblemente, se presentará en tiempo y forma con la última prórroga acordada. Habida cuenta del parque de barricas europeo, el coste del mismo supondría, según los datos conocidos y en el peor de los casos, unos 0,10 euros por barrica. Ya que el objetivo del mismo es beneficiar a la iniciativa privada, el estudio deberá ser pagado de manera solidaria entre todos los bodegueros europeos que utilizan barricas. En este sentido, en Francia los consejos reguladores ya han anunciado su colaboración con 100.000 euros, el Instituto Privado de la Vid y el Vino de Portugal aportará 30.000 euros, la Asociación Profesional Europea de Enólogos ha decidido libremente colaborar con 12.000 euros. Otros estados donde también utilizan las barricas para envejecer su vino, como Alemania, Italia, Bulgaria o Polonia deciden estos días sus aportaciones al estudio.
España no es una excepción. La industria bodeguera española, representada en la Asamblea de Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Vitivinícolas, decidirá la aportación desde los consejos reguladores. En este sentido, en una decisión que sólo se puede calificar como responsable, el Consejo Regulador de la DOC Rioja ya decidió sumarse a la financiación de este estudio. Por otra parte, al existir bodegas que no pertenecen a ninguna denominación, se organizará su aportación a través del grupo de Grandes Pagos de la Federación Española del Vino. Así pues, en España las cosas avanzan convenientemente, como en el resto de Europa. El sector bodeguero es consciente de la importancia del estudio y de la necesidad de mantener unido al sector a escala europea, máxime cuando dentro de unos meses se va a reabrir la OCM de la Vid y el Vino, con importantes asuntos como los derechos de plantación o la financiación de campañas de promoción y comercialización, dentro y fuera de la UE.
Hay quien se ha preguntado dónde ha estado el Gobierno de La Rioja durante este tiempo. Pues ha estado donde tenía que estar, asistiendo discreta y eficazmente a quienes han solicitado su asesoramiento y trabajando para que el asunto se condujera correctamente, sin estridencias, como tiene que hacer una administración comprometida con el interés general.
En este sentido, hay que subrayar que nos encontramos ante un tema técnico, científico y que atañe a la industria y empresa vitivinícola. Por tanto, cualquier intento de politizar este asunto es sólo una maniobra partidista y enredadora de quien, no teniendo nada que aportar, trata de manipular e intoxicar.
Algunos responsables políticos de nuestra comunidad han protagonizado un espectáculo lamentable, han hecho gala de un absoluto desconocimiento de la legislación europea, así como una ignorancia supina de la materia que se trata. Por si fuera poco, han exhibido una estulticia que les lleva a confundir la administración pública con la empresa privada y las negociaciones políticas parlamentarias con los plazos administrativos. En definitiva, les ha salido el tiro por la culata y, además, han quedado retratados.
