Las consejerías de Sanidad de los Gobiernos riojano y del País Vasco volverán a reunirse la próxima semana para hacer un seguimiento del acuerdo transitorio suscrito entre ambas regiones para atender a los pacientes de la comunidad vecina. Así lo aseguró ayer el consejero de Salud, José Ignacio Nieto, después del Consejo de Gobierno, reunido ayer bajo con la presidencia en funciones del consejero de Presidencia y de Justicia Emilio del Río, en ausencia del presidente del Ejecutivo riojano, Pedro Sanz.
Nieto aseguró que los acuerdos suscritos en la materia con el País Vasco y con Navarra están «funcionando con absoluta normalidad». Con esta última comunidad hubo un encuentro hace unos días.
Según dijo el consejero, «estamos atendiendo en Logroño a los pacientes que nos derivan -procedentes de poblaciones límites de País Vasco y Navarra- y como nos comprometimos, estamos haciendo un control exhaustivo de los que recibimos y lo que les hacemos y también de lo que les enviamos».
Comentó Nieto que «pronto tendremos datos de estos balances de esos donantes, y ni se ha cerrado ni se ha abierto absolutamente nada más en ese tema».
Pese a las preguntas de los periodistas se negó a facilitar la fecha exacta del encuentro, volvió a recordar que será la semana que viene y justificó su postura: «ya saben que damos pocos datos del seguimiento de ese acuerdo porque ayuda mucho más a mantener la normalidad y desde luego, por nuestra parte, lo vamos a seguir haciendo así mientras que no nos obliguen a otra cosa».
Nieto trasladó también la voluntad del Gobierno de La Rioja de que se firme un acuerdo definitivo, pero recordó que en los acuerdos hay «dos partes». «Si no, no sería acuerdo, sería imposición», matizó.
La Rioja y el País Vasco suscribieron a principios de diciembre pasado un compromiso que zanjó de manera provisional el conflicto sanitario entre ambas regiones a raíz de la atención sanitaria que presta La Rioja a vecinos de localidades limítrofes de Álava. Dicho acuerdo constaba de ocho cláusulas e incluía como principal reclamación riojana una compensación económica por unos servicios que se cifran en unos 7 millones de euros. Ambas comunidades se dieron de plazo hasta el 29 de febrero para lograr una solución definitiva al contencioso.
