La Corporación aprobó el martes el levantamiento de reparos puestos por la Intervención municipal al pago de las facturas presentadas por la empresa 'Aquagest' (antes Ansa), correspondientes al 2011, y que importan la cantidad de 162.204 euros.
Todos los grupos votaron a favor excepto Izquierda Unida que, apoyándose en lo argumentado por Intervención, indicó que «la prórroga excesiva del contrato sitúa a este Ayuntamiento en una ilegalidad flagrante», ante lo que Diego Mendiola pidió «volver a la legalidad y no poner más parches».
El concejal del PP, David Mena, reconoció que la situación del servicio de aguas es «delicada». La legislación prohibe la excesiva prórroga tácita del contrato del servicio -de ahí los reparos de Intervención-, que, denunciado en septiembre del 2005, sigue 'estirándose'. Mena anunció que «vamos a estudiar y trabajar por la licitación del servicio, pero, mientras, hay un trabajo hecho y un servicio que garantizar a los vecinos, y hay que pagarlo».
PR y PSOE abogaron por esto último, si bien Agustín García Metola recordó a los 'populares' que en la anterior legislatura se opusieron siempre al levantamiento de reparos. También solicitó que se agilice la frecuencia en el pago de estas facturas, sin esperar a un año entero, por el «quebranto económico» que ello puede suponer para la empresa. El edil del PP, Carlos Barrón, le contestó que entre las facturas levantadas por el Pleno se encontraban las correspondientes a su época de alcalde, hasta el mes de junio.
Por otra parte, PP y PR rechazaron la inclusión en el pleno de dos mociones del PSOE. En una, insistió éste en que el Ayuntamiento solicite al Gobierno de La Rioja la redacción del proyecto técnico para la construcción del centro de inclusión social que, según los socialistas, el Ejecutivo regional ofertó en su día. La edil de Atención a las Personas, Montserrat Bañares, abogó por plantear la solicitud una vez que se disponga de un local adecuado.
El equipo municipal tampoco quiso sumarse a la propuesta socialista de solicitar al Gobierno de La Rioja que acepte las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento contra la denegación del taller de empleo y conceda la subvención correspondiente. PP y PR esgrimieron que aún no ha habido una resolución de las alegaciones presentadas, en las que Carlos Barrón sustentó la «defensa» del interés general a la que habían aludido los socialistas.
Estos, por otro lado, también preguntaron por la razón de que el equipo de Gobierno decidiera recuperar, «en estos tiempos de crisis», la costumbre de repartir cestas de Navidad entre los trabajadores municipales, por cuyo número y coste se interesó. Fueron 64 cestas, en las que el Ayuntamiento gastó 1.600 euros, explicó el alcalde.
La Corporación aprobó el reglamento del mercadillo, por unanimidad, y el del servicio de ayuda a domicilio, sobre el que IU se abstuvo al entender que «no se va por la línea del servicio público y el derecho social sino por la del servicio asistencial».
