La situación financiera de las administraciones públicas supone otro problema añadido para las empresas del transporte. Si bien para el sector de mercancías no es uno de sus temas prioritarios, ya que, como señala Santiago Gutiérrez, «afortunadamente quedamos al margen porque apenas trabajamos para ellas», en el caso del de viajeros la situación alcanza tintes críticos en algunas comunidades autónomas.
En el caso de Cataluña donde, después de repercutir a comienzos del presente curso parte del coste del servicio de transporte escolar a familias y ayuntamientos, algunas empresas han convocado un paro para hoy por impagos en los servicios contratados y no abonados por la falta de liquidez de las distintas instituciones públicas competentes.
El caso no es único, al igual que ha sucedido en varias regiones con el pago de la factura farmacéutica, ya que también en la Comunidad Valenciana el transporte escolar podría quedar paralizado a partir del 9 de febrero si la Consejería de Educación no paga la deuda de 36 millones a las 16 UTE (Unión Temporal de Empresas) que realizan los servicios.
Unos 43.000 alumnos se verían afectados sin poder subir al millar de autobuses que realizan esta actividad, aunque la Consejería de Educación ha ido pagando estos días atrás distintas facturas atrasadas a diferentes prestadores de servicios educativos. Las empresas valencianas han dado a la Consejería un ultimátum para cobrar la deuda, 6,1 millones por mes desde septiembre hasta febrero.
