Son muchos los intereses que el Ejército, posiblemente el mayor empresario de Egipto, desea preservar en el nuevo Estado. La junta militar ha reiterado en varias ocasiones que no piensa mantenerse en el poder más allá del 30 de junio, fecha en la cual deberán haberse celebrado elecciones presidenciales. Pero, aunque puede que sea cierto que la gestión del día a día del país pueda suponerle un engorro y esté dañando su imagen entre los ciudadanos, seguir controlando sus intereses vitales es algo a lo que difícilmente van a renunciar.
Hasta hora, el Ejército ha demostrado una «hipersensibilidad a las críticas», tal y como describía recientemente en su informe anual la ONG Human Rights Watch. Esa cualidad ha dañado la confianza que muchos egipcios habían depositado en la institución tras la revolución que derrocó a Hosni Mubarak. Muestra de ello es el caso del bloguero Maikel Nabil, que ayer daba su primera rueda de prensa tras pasar 302 días en la cárcel por criticar a las Fuerzas Armadas en su bitácora. Su injusto encierro, sin embargo, no ha conseguido sino multiplicar el descontento y las críticas contra la junta militar.
Las industrias controladas por el Ejército -principalmente en los sectores de la agricultura, la construcción y la manufactura- suponen entre el 10 y el 15% del PIB del país, según datos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. Su presupuesto, el tercero mayor de Oriente Próximo después de Israel y Arabia Saudí, procede en una cuarta parte de Estados Unidos, que destina 1.300 millones de dólares (unos 983 millones de euros) al mantenimiento del acuerdo de paz de El Cairo con el vecino hebreo.
La supervisión del Parlamento de este presupuesto y sus usos, en un país con una población mayoritariamente contraria a los acuerdos de Camp David, y con unos representantes en su mayoría islamistas, puede acabar con el Ejército egipcio tal y como era conocido hasta ahora.
