Estafados por su propio banco. Miles de españoles recorren entidades bancarias, despachos de abogados y asociaciones de consumidores con la esperanza de recuperar sus ahorros, atrapados en la trampa de las denominadas participaciones preferentes. De momento, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de La Rioja (Adicar) ha reunido una veintena de 'víctimas' «con un montante de 2,5 millones», según desveló su presidente, Arcadio Sodupe.
En la última década, bancos y cajas, con el objetivo de optimizar sus balances, echaron mano de las participaciones preferentes, valores con carácter perpetuo y rentabilidad variable y no garantizada -«se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado», alerta la Oficina de Atención al Inversor de la Comisión nacional del Mercado de Valores- que ofrecían a sus clientes, en muchos casos pequeños inversores de edades muy avanzadas, como si fuera un depósito. «El 100% de los afectados riojanos son jubilados o a punto de jubilarse», explica Sodupe.
A la espera de más afectados, Adicar prepara acciones judiciales, que haría efectivas «a mediados de febrero, por la vía civil, la penal o ambas», avanzó su asesor jurídico, Carlos Ruiz. Por vía civil se reclamaría el capital a la entidad; por la penal se denunciaría a los directores e interventores de las sucursales.
Aunque esos afectados riojanos contrataron con la misma entidad, Adicar ha constatado que al menos media docena de bancos y cajas ofertaban el producto, calificado por el colectivo de «estafa», porque ofrecían las participaciones preferentes como un producto a plazo fijo en el que el capital permanecía seguro y con una rentabilidad que podía llegar incluso al 8%, sin advertir de que realmente se trataba de una «inversión perpetua» en un híbrido entre acciones y renta fija, que se negocia en un mercado secundario en el que hoy es casi imposible su venta.
Sodupe y Ruiz criticaron ayer también el engaño de las entidades a muchos de sus confiados consumidores, a los que convencieron de la renuncia al test de idoneidad del cliente para este tipo de productos de alto riesgo, examen obligatorio desde el 2007 por la normativa europea Mifid.
