Acusaciones, reproches, sospechas... La reforma de la Ley de Servicios Sociales incluida en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña al de Presupuestos de La Rioja para el 2012, paquete que recibirá mañana jueves la bendición del Parlamento regional, ha provocado desde hace semanas un diálogo de sordos entre los representantes del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y la Consejería.
Ni las reuniones ni las explicaciones públicas han servido para que unos y otros recuperen la confianza en vísperas de que la modificación legal acabe con la obligatoriedad, establecida por la norma aprobada en diciembre del 2009, de que cada municipio o mancomunidad disponga de al menos un trabajador social por cada 4.000 habitantes para atender a la población de cada área.
Vanessa Villa, presidenta del Colegio de diplomados en Trabajo Social, insistió ayer, en declaraciones a Diario LA RIOJA, en la doble demanda de que no se modifique la ley y de que cualquier reforma pase por el Consejo Riojano de Servicios Sociales, «el foro en el que están todos los agentes representados».
«Nosotros entendemos que ese mínimo garantiza que haya unos Servicios Sociales de calidad y que exista homogeneidad en toda la comunidad autónoma. Ahora su intención es eliminar cualquier ratio, lo que dejará al arbitrio de la Consejería, de ayuntamientos y mancomunidades el número de profesionales que gestionen los Servicios Sociales de base», se lamenta tras destacar que, «pese a que tenían de plazo hasta el 2013, el 90% de las mancomunidades cumplían a día de hoy ese ratio mínimo obligatorio».
«Si no recortas derechos, pero sí el número de personas que los gestionan, el resultado es el mismo. La Rioja es una comunidad puntera en Servicios Sociales y nos tememos que demos ahora un paso enorme atrás», advierte Villa, quien no comprende tampoco la urgencia del proceso: «No entendemos que se haga una reforma justo en plena crisis, cuando más personas vienen a demandar ayuda de Servicios Sociales; de hecho, por ejemplo, las ayudas de inserción social han pasado en cuatro años de 143 a 1.123».
«Absolutamente mentira»
Desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales, su titular, José Ignacio Nieto, niega la mayor al advertir de que lo que la reforma pretende «es adecuar la ratio a cada área de La Rioja». Tras asegurar que los temores de los asistentes sociales «son infundados» y explicar que así les ha sido «transmitido personalmente», el consejero destaca que «este Gobierno, que es el que ha montado el sistema de Servicios Sociales del que disfruta la comunidad, no va a ser el que lo desmonte».
Nieto, además de recordar que cuando el asunto fue discutido en el Parlamento regional todas las fuerzas políticas admitieron la reforma legal, tilda de «absolutamente mentira» que el Ejecutivo planee despedir a trabajadores sociales. «Reitero, ni va a haber menos asistentes sociales ni se va a desmontar el sistema. No acabamos de entender lo que están manifestando ni la forma de hacerlo porque les hemos explicado ya todo esto y les hemos garantizado la continuidad de un sistema de prestaciones y de Servicios Sociales que lo ha establecido, lo ha implantado, lo ha desarrollado y lo va a mantener este Gobierno», zanjó con rotundidad.
