El equipo de Gobierno PP-PR desestimó ayer las alegaciones que el Grupo Socialista había presentado, al considerar que los acuerdos no tenían validez jurídica, contra el incremento de las tasas e impuestos para el año 2012 y contra la derogación del reglamento regulador de subvenciones.
El PSOE argumentaba que en la comisión informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, celebrada el 24 de octubre, dichos acuerdos «se dictaminaron de forma no ajustada a derecho». Y lo explicó: «El alcalde, que se encontraba en la sesión, como titular de este órgano colegiado, mantuvo una vez más una renuncia expresa de su competencia, siendo en esas circunstancias legalmente irrenunciable ya que la Presidencia de la misma la ostentaba nuevamente, pues estaba delegada y la ejercitó durante toda la sesión, uno de los tenientes de alcalde».
Los socialistas ven avalada su argumentación por un decreto de la Alcaldía del 25 de octubre, en el que, «para corregir esa anómala designación -señalan-, se dejaba sin efecto la citada delegación de la Presidencia de la Comisión a favor de uno de los tenientes de alcalde, si bien el decreto entró en vigor el día 26, es decir, dos días más tarde de celebrarse la sesión».
PP y PR desatendieron la petición del PSOE de que los puntos se retiraran del Pleno de ayer y, basándose en los informes de los técnicos municipales, desestimaron la triple alegación presentada. Izquierda Unida se abstuvo al considerar que se trataba de una cuestión de forma, no sin que Diego Mendiola recordara que su grupo se opuso en su día al contenido, es decir, al incremento de las tasas e impuestos.
Durante el debate, la edil regionalista Montserrat Bañares acusó a los socialistas de haber actuado «con algo de zorrería» por haber presentado las alegaciones el último día del plazo establecido, algo en lo que dijo vislumbrar la intención de que las tasas e impuestos «no pudieran entrar en vigor el 1 de enero». El portavoz socialista, Agustín García Metola, le respondió que «mi grupo ha actuado conforme a lo legalmente establecido y usted no puede presuponer nuestra actitud». Y añadió: «La que actúa con zorrería es usted al decir lo que ha dicho».
El PSOE volvió a protestar por que el Pleno se convocara en horario laboral (las 10 horas), en lo que dijo ver «desconsideración», «venganza» y una «operación política para que no haya luz ni taquígrafos, ni otros testigos que ustedes mismos sobre los acuerdos que tomen».
El edil del PP, Carlos Barrón, señaló que «estamos aquí porque ustedes, legalmente, han hecho unas alegaciones, y porque nosotros, legalmente, hemos convocado este pleno». El alcalde, Javier Azpeitia, justificó el horario en los plazos «muy ajustados» para resolver las alegaciones y que pueda entrar en vigor la modificación de las ordenanzas fiscales. También reprochó al PSOE por «buscar lobos en el Ayuntamiento, cuando no los hay de ningún tipo».
