«Una política más austera y responsable en el gasto, que sabrá discernir entre lo prioritario y lo superfluo». Así presentó ayer el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, el plan de austeridad de la Administración regional que aspira a equilibrar los ingresos y los gastos de las arcas públicas a través de 68 medidas con las que anualmente se ahorrarán 55,9 millones de euros (223,2 millones en los cuatro años que abarca la legislatura). Con todo, esta reserva de fondos aún será mayor (a razón de unos seis millones de euros anuales, calculó Sanz) cuando se cierren dos cuestiones que todavía están en fase de negociación: el número de liberados sindicales (algo más de un centenar) y las subvenciones a patronal y sindicatos.
Sanz subrayó que el plan de austeridad, «que no de recortes», es el resultado del «diálogo» que el Gobierno regional ha mantenido con todos los agentes, a los que el Ejecutivo «ha consultado»: ayuntamientos, asociaciones empresariales, organizaciones sindicales, sociales... «El Gobierno no impone, sugiere», dijo. Para añadir: «Lo más fácil sería subir los impuestos y cortar, pero eso sería mirar a corto plazo y un Gobierno responsable ha de tomar decisiones, mejor si son compartidas, que no mutilen el desarrollo económico y que den oxígeno suficiente para avanzar hacia el futuro».
«Ahora bien -advirtió el presidente-, quien busque en este plan recortes o políticas dañinas para los riojanos y los empleados públicos no los encontrará». Porque la Comunidad entalla su política de gasto en «lo superfluo», precisó. «Sanidad, educación y servicios sociales son intocables», enfatizó. El plan se centra en cuatro principios generales, explicó Sanz. Por un lado, «priorizar las políticas, suspendiendo o aplazando las de carácter menos indispensable en una situación de crisis como la que vivimos». En este sentido, en concreto, se reprograman inversiones públicas con un ahorro anual estimado de 6,5 millones de euros. Asimismo, el Gobierno de La Rioja impulsará la contratación centralizada «para ahorrar tanto en los precios de compra y servicios como en la reducción de costes de gestión».
El tercer objetivo que persigue el plan es «aumentar la cooperación interdepartamental e interinstitucional». Respecto al primer punto, Sanz señaló que «hay que procurar una mayor relación entre los departamentos de la Administración regional para intentar evitar que alguien vaya por libre», de forma que se aprovechen mejor los recursos humanos y materiales de la Comunidad. En cuanto a la relación con otras instituciones, en concreto con los ayuntamientos, el presidente regional subrayó que «en breves días» se presentará un plan para «evitar duplicidades y reducir el gasto público». El cuarto principio general que regirá la gestión del Gobierno de La Rioja será el de «mentalizar a todo el personal de la Administración de la necesidad de ahorro». Con la idea, eso sí, de que «la cultura de la austeridad» impregne en toda la sociedad riojana.
Estos ejes generales inspiran los tres grandes grupos en los que se concretan las 68 medidas que propiciarán esa reducción del gasto innecesario: la estructura administrativa, los nuevos calendarios de ejecución y el ahorro. El primero de los grupos supone un ahorro de más de 27 millones de euros en toda la legislatura y prevé actuaciones ya en vigor, como la reducción de diez a siete consejerías o la minoración del 0,5% del personal de la Administración regional. Las acciones recogidas en el grupo denominado 'nuevos calendarios de ejecución' conllevan un recorte del gasto de más de 33,6 millones de euros en cuatro años. Entre otras medidas, se contempla la replanificación de obras públicas, infraestructuras educativas e inversiones en rehabilitación del patrimonio.
«Racionalizar» el gasto
El tercer y mayor bloque de acciones (con un ahorro de 162,5 millones de euros en la legislatura) contempla toda una batería de actuaciones para «racionalizar» el gasto corriente y ajustes o supresiones en diversas partidas y programas.
El jefe del Ejecutivo riojano afirmó que el plan de austeridad es la continuación de un política basada en la sobriedad que ya se aplicó en los Presupuestos del 2011 (se redujeron el 6,4%) y que continuará, según avanzó, en los del próximo ejercicio. «Somos una de las mejores comunidades por situación económico-financiera y por prestación de servicios; un estilo de gobernar que es ejemplo para toda España y que quiero que siga siendo así», concluyó.
