En el análisis que desde UGT se realiza de la reorganización del personal interino de la administración regional -una medida de contención en el gasto que se suma al recorte de los altos cargos o a la reducción de la flota de vehículos oficiales- siempre surge una conclusión: el objetivo de privatizar servicios para ahorrar costes que la consejera Concepción Arruga niega.
Miguel Ángel Gurrea llega a esa conclusión partiendo de la precarización del servicio. «Quien realmente va a sufrir las consecuencias va a ser tanto el servicio que se presta, que aunque se seguirá prestando será de menor calidad al haber menos trabajadores para ofrecerlo, como los propios ciudadanos que lo reciban».
A partir de ahí, Gurrea explica que progresivamente la estructura laboral de la administración regional ha ido perdiendo músculo -incide tanto en la eventualidad del empleo como en la baja tasa de reposición de funcionarios que se han jubilado- y que detrás de ese adelgazamiento no puede ser otro que justificar «la privatización de servicios para que sean desempeñados por empresas privadas para que hagan negocio. Así, finalmente, se prestará un servicio peor por parte de trabajadores en peor situación laboral».
Para Gurrea, la supresión de estos empleos tampoco es acorde con otras políticas emprendidas por el Ejecutivo regional. Entre ellas destaca la del concierto del Bachillerato: «No se puede entender una medida como esta que afecta a un centenar de trabajadores y que se justifica en la reducción del gasto cuando luego se ven otras actuaciones, como la aportación de 600 euros a los alumnos que estudian Bachillerato en un centro privado en lugar de fomentar y defender la escuela pública».
