No hay democracia sin unos servicios públicos eficaces y universales. Y no existen servicios públicos sin unos empleados públicos reconocidos y valorados. Actualmente se está desarrollando un ataque feroz hacia los empleados públicos, como si fueran los culpables de todos los males que nos acechan como sociedad; y conviene recordar que hablamos de maestros, médicos, agentes forestales y medioambientales, técnicos, administrativos, policías, enfermeras, educadores, carteros, operarios de extinción de incendios, auxiliares de enfermería, bomberos, cuidadores de nuestros mayores... y un largo etcétera de profesionales.
Todos ellos y muchos otros colectivos más facilitan día a día la convivencia y bienestar ciudadanas y, sin embargo, en estos momentos se está cuestionando su trabajo, atacándoseles desde todos los frentes. Y los primeros en hacerlo fueron los propios gobiernos, aplicando recortes en sus retribuciones nunca antes conocidos e incumpliendo acuerdos firmados con sus representantes sindicales. A partir de ahí se abrió la veda y cada vez hay más voces interesadas en demonizar a estos empleados públicos; por un lado, los empresarios, que aspiran a disminuir los servicios públicos para disponer de más ámbito privado; por otro, los políticos -prácticamente todos- que incapaces de dar soluciones a la actual crisis económica, intentan contentar a los mercados acometiendo medidas de reducción de lo público en toda su extensión. Y por último, algunos ciudadanos, que se suman a esta orquesta mediática, sin ser realmente conscientes de que tiran piedras contra su propio tejado.
Todos sabemos de la grave crisis económica (y de valores) que estamos viviendo, pero atacando a los servicios públicos y a sus empleados no encontraremos la salida; por el contrario, caminaremos hacia una sociedad menos democrática y cada día seremos todos más pobres. No olvidemos que los servicios públicos son una garantía para los menos pudientes y que el bien común de los ciudadanos en términos de igualdad y solidaridad solo se puede garantizar a través de unos servicios públicos de calidad.
Por otro lado, la reducción de las ofertas de empleo público y la parálisis de las bolsas de contratación están engrosando las tasas de desempleo, el problema más grave de la crisis económica. En La Rioja hemos perdido ya más de mil empleos en el conjunto de las administraciones publicas a lo largo del 2010 y corremos el riesgo de duplicar esta cifra en el 2011, a la vista de los presupuestos que plantean tanto el gobierno central, como el regional y los locales.
Por su parte, la reducción de salarios esta operando, y de qué manera, en la contención del consumo, generando una espiral de crisis que contagia, inevitablemente, al comercio y, por ende, a la industria. Cuando la economía no tira hacia arriba deben ser los gobiernos quienes actúen mediante la búsqueda de ingresos y no a través de la reducción de empleo.
Valga solo un ejemplo: solo con hacer emerger la economía sumergida riojana (que asciende según algunos cálculos a 285 millones de euros, el equivalente al 22% del presupuesto regional para el 2011) se podría haber evitado el recorte de los empleados públicos, la cobertura de las ofertas empleo público y la contratación del 100% de las sustituciones y, por supuesto, el mantenimiento de la acción social y el abono de la carrera y promoción profesional de los empleados públicos riojanos.
En definitiva, sociedades fuertes y competitivas necesitan de gobiernos valientes y ponderados, capaces de ofrecer el lugar que corresponde a unos servicios públicos esenciales, desarrollados a su vez por unos empleados públicos dignificados.
