Ayer se desactivó una de las creencias más extendidas desde que los europeos alumbraron el milagro de la hoy tambaleante unión política y económica: la de que los tecnócratas comunitarios tienen una paciencia sin límites. Pues no. Tras nueve años de constantes desacatos por parte del Gobierno de España (tres bajo mandato del PP y los siete restantes con mando en plaza del PSOE), el Gobierno europeo ha dado un golpe con el puño sobre la mesa y ha dicho: '¡Basta!'.
La Comisión Europea emplazó ayer al Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) a que multe a España (como Estado miembro) por no haber recuperado la totalidad de las ayudas que recibieron las empresas vascas a mediados de la década de los 90 y que, incluso ya derogadas, fueron declaradas ilegales por Bruselas en el 2001. La multa ronda los 40 millones y aumentará cada día que pase sin que se devuelvan las subvenciones. Y es que no se trata sólo de una sanción sin más, sino de una multa coercitiva cuyo fin es conseguir que el Gobierno español se esmere de una vez en garantizar la recuperación de esos fondos.
Dos dudas que ante este estado de situación urge aclarar: por un lado, si la imposición de las multas es cuestión firme y, por otro, si el Estado español tiene capacidad para reclamar a las Diputaciones forales (a la postre las administraciones que actuaron de forma contraria al derecho comunitario) que asuman su abono. Porque, de lo contrario, y paradójicamente, La Rioja se vería afectada por la deslealtad foral vasca doblemente. Primero, sufriendo directamente los perjuicios de las ilegalidades tributarias cometidas y, segundo, contribuyendo como parte (región española) de un todo (nación) al pago de la pena impuesta por esa agresión.
UE propone, TUE dispone
Respecto al primer aspecto, lo cierto es que la multa no será efectiva hasta en tanto el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) se pronuncie. Es decir, el paso que dio ayer la Comisión Europea fue proponer a los magistrados que impongan la sanción y serán ellos los que tengan la última palabra.
Por las reiteradas sentencias emanadas de la Corte europea nada hace sospechar que su decisión sea otra que la de multar. La Rioja, en consecuencia, puede respirar tranquila. Con independencia, incluso, de que el Tribunal demore más o menos su fallo. Ése será, en todo caso, un problema para las autoridades españolas.
Cuestión ésta que enlaza con la segunda incógnita que despierta la situación actual. Los juristas coinciden en que realmente no existe una previsión normativa que contemple con carácter general que una comunidad autónoma se haga cargo de la multa que le pueda imponer la UE a España como castigo por la violación que una comunidad haya podido hacer del derecho comunitario.
Sólo, y para un caso muy concreto, el Gobierno de España sí que se procuró una salvaguarda. Lo hizo recientemente, el año pasado, cuando debía trasponer la 'directiva Bolkestein' con la que se liberalizaban los servicios en toda la UE. En ese caso, la 'Ley Omnibus' que adaptó el mandato europeo recogió expresamente que si una comunidad incumplía la orden, las multas que recayesen sobre el Estado serían resarcidas por esa administración regional.
Con todo, los expertos apuntan una posibilidad factible para que las Diputaciones forales carguen con el correctivo derivado de las ayudas ilegales. Simplemente que el Gobierno central haga bueno el compromiso adquirido en la negociación del 'cupo' vasco 2007-2011 y que las diputaciones compensen sus dislates a través de este sistema que regula la relación financiera entre Vitoria y Madrid.
