La llamada Ordenanza de Fomento de la Convivencia Ciudadana, aprobada por el Ayuntamiento de Logroño, recoge una serie de cuestiones, cuando menos, inquietantes:
En primer lugar esta normativa intenta liquidar, forzando su invisibilidad, a aquellas organizaciones cuyas iniciativas no suelen tener espacio en los medios de comunicación oficiales y que a partir de ahora pasarán a depender de la «buena voluntad» del funcionario de turno, que tenga a bien «conceder el derecho» a poder pegar carteles, repartir folletos, o instalar mesas informativas en las calles. Quienes tengan la osadía de realizar alguna de estas actividades sin el preceptivo permiso, bien porque el acontecimiento sobre el cual quieren informar requiere cierta rapidez que impide la solicitud correspondiente, bien porque el Ayuntamiento deniega o, simplemente, no quiere contestar sobre dicha solicitud, se arriesga a abultadas multas.
La pregunta es: ¿será esta normativa de obligado cumplimiento para todos y todas, incluyendo teatros, comercios, sociedades deportivas, o los propios partidos políticos que la han aprobado o, por el contrario, las consecuencias del incumplimiento recaerán, cómo decirlo, a determinadas organizaciones, de una manera más «selectiva»?
Por otro lado, bien harían las Asociaciones de Vecinos que ahora aplauden esta ordenanza en reflexionar lo que puede pudiera pasarles cuando alguna de sus legítimas reivindicaciones no encuentren eco en las autoridades municipales y pretendan movilizar al vecindario con materiales informativos.
En segundo lugar, resulta lamentable el tratamiento de la mendicidad. Resulta curioso comprobar cómo aquellos que implementan medidas económicas que traen consigo el paro, los desahucios, la miseria o directamente el hambre a capas sociales cada vez más amplias de nuestra sociedad, ahora castigan precisamente a esos mismos «daños colaterales» de sus políticas. En definitiva, sus medidas económicas golpean, sus programas sociales demuestran su inutilidad, pero se aplica mano dura para sus víctimas en forma de mendigos o personas que tratan de ganarse la vida con máxima precariedad. ¿Qué opina la supuesta «voz humanitaria» del Ayuntamiento y concejala de Derechos Sociales, Pilar Criado, de que se trate en una misma ordenanza a quien destroza una farola o un árbol, y a quien se ve obligado a dormir en la calle? Pregunta retórica, pues también la señora Criado votó a favor de la ordenanza.
Por último, la ordenanza establece la posibilidad de sustituir las multas por «trabajos en favor de la comunidad». Esto ya es intolerable. Se sustituyen puestos de trabajo por mano de obra gratis, y de ello se lucran empresas privadas subcontratadas por el Ayuntamiento de Logroño, alguna de las cuales tiene, por cierto, sentencias condenatorias por violar derechos de los trabajadores.
Ojalá se pueda imponer algo de cordura y retirar semejantes aberraciones. Tiempo hay.
