En el 2007 seis de cada diez denuncias por violencia de género presentadas en La Rioja eran de mujeres extranjeras. Un año después el porcentaje de inmigrantes víctimas de agresiones por sus parejas era del 54%, frente al 46% de españolas, cifras muy similares a las que se registraron en el 2009. Pero en los nueve primeros meses de este año la situación ha dado la vuelta. Hasta el 30 de septiembre pasado, según los datos extraídos de la Unidad Contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en La Rioja, las demandantes españolas superaban en dos puntos a las extranjeras (51% frente al 49%).
La tendencia también se revierte en el caso de los agresores. Mientras que en el 2009 el 57,4% eran extranjeros y el resto españoles, de enero a septiembre de este año el número de denunciados inmigrantes suponen el 54% del total.
Ana Santos, al cargo de la unidad de la Delegación del Gobierno que se dedica a analizar y combatir la violencia de género, desvincula inmigración de malos tratos. «Se trata -apunta- de un problema de la sociedad que afecta a todos los colectivos», con independencia de nacionalidades, cultura, religión, edad y posición social. En el supuesto contrario, es decir, si se ligan las agresiones a las mujeres con la inmigración «corremos el grave peligro de que no se vea como un problema general, ya que la sociedad tiende a hacer un mecanismo de desplazamiento sobre otros».
Maltrato, «asunto privado»
No obstante, Santos reconoce que el fenómeno de la migración trae como consecuencia un cambio social y, por tanto, también de los papeles del hombre y de la mujer. Incluso en algunos casos, como pasaba en España hace escasos años, puede que el maltrato se vea como «asunto privado» y no como un delito y, en ese sentido, algunas mujeres extranjeras están actuando ahora como agentes de cambio social, es decir, «denuncian y lo hacen porque sienten que tienen derecho como personas a ser respetadas».
Desde el punto de vista del colectivo de mujeres procedentes de otros países, Ana Santos describe que por lo general cuentan con menos redes de apoyo social, tienen un mayor nivel de aislamiento e incluso, en ocasiones, la relación se ciñe a su colectivo y a veces sólo a su agresor. A esto Santos suma en algunos casos la barrera del lenguaje. «Condiciones de vida que les hace mucho más vulnerables».
De ahí la importancia de la información que se distribuye desde la Delegación del Gobierno, para que sepan sus derechos y conozcan la reforma de la Ley de Extranjería, que permite que una mujer que haya denunciado por violencia de género y el juez le haya concedido una medida provisional tiene derecho a optar a un permiso provisional de residencia y de trabajo, aunque esté en situación de reagrupación familiar.
