El comienzo del curso escolar en La Rioja llega indisolublemente asociado a la palabra crisis, haciendo que la situación financiera condicione algunas de las novedades para este año. Una de las más destacadas se encuentra en la financiación del Bachillerato de los centros privados y la ayuda de 600 euros prevista por la Consejería, con una fuerte respuesta en contra por parte de los defensores de la Enseñanza Pública.
Como especifica el titular del ramo, Luis Alegre, se trata de un apoyo «puntual» sobrevenido por las dificultades económicas de la actual coyuntura con el que se atenderá a los 350 alumnos de Primero de Bachillerato y, sólo si la crisis persiste, cabrá ampliar la subvención a Segundo. «Ahí nos detendremos», confirma el consejero insistiendo en que se trata de «una ayuda en un momento difícil que obligaba a muchas familias a cambiar de centro porque le resultaba muy gravoso», equiparable «a las articuladas para la compra de lavadoras o el cambio de una caldera» y que, en ningún caso, cabe contemplar como un paso a la concertación del Bachillerato.
Para corroborarlo, Alegre recuerda que los 600 euros se deducirán de la matrícula exigida por cada centro y nunca se llegará a los 1.000 ó 1.200 euros que cuesta el concierto. «Huimos de la financiación al 100%», subraya revelando que se ha reservado una partida de 200.000 euros para desarrollar esta medida.
¿Se aplacarán así las dudas de los sindicatos? «La medida tuvo su contestación en su momento, y no hay más que recordar la pancarta que CCOO mantuvo colgada en su sede durante más de un año y que ya ha retirado», responde, para añadir: «Las protestas se han estabilizado, aunque como ahora hay elecciones sindicales posiblemente se vuelva a sacar el tema». «Como gestores -abunda- hay que ver si lo que hacemos tiene racionalidad, si las medidas son sensatas; creo que es un derecho de las familias el elegir un tipo de educación, y nosotros simplemente tratamos de ayudar».
Halagos y críticas
El nuevo escenario del Bachillerato también fue de los aspectos abordado por el diputado regional José Miguel Crespo para trasladar la visión del PP sobre un próximo curso «marcado por una normalidad fruto de la correcta planificación». Saliendo al paso de las críticas del PSOE, Crespo aseguró que el Gobierno de La Rioja ha sido «racional» en la aplicación la LOE y sus reglamentos flexibilizando la obligación de 10 alumnos para impartir materias de modalidad y 15 para las optativas. Santo Domingo es, según aseguró, ejemplo de ello, con siete asignaturas en el primer caso que se ofrecerán con menos de 10 estudiantes e incluso una de ellas con sólo dos. «Los socialistas sólo han dicho una verdad, a medias, y es que hay una alta tasa de abandono y fracaso escolar que es exclusivamente consecuencia de una legislación que lleva al fracaso», dijo.
El parlamentario popular negó asimismo cualquier recorte en el número de docentes. Aseguró que, por el contrario, el próximo curso se incorporarán casi 90 profesores más, elevando a cerca de 1.000 el aumento de profesionales que Educación ha favorecido desde la asunción de las competencias en 1998. El hecho de que el 95% de los niños en Infantil haya podido matricularse en el centro escogido como primera opción, los acuerdos alcanzados con diferentes ayuntamientos para la creación de infraestructuras educativas o la continuación del programa de gratuidad de los libros de texto fueron otros de los logros achacados por Crespo a la Consejería de Educación.
Lejos de esa valoración queda la de FETE-UGT, que a través de un comunicado ha tachado de «vergüenza política» la reducción presupuestaria del 10% avanzada por Luis Alegre en una entrevista publicada el domingo por Diario LA RIOJA. «Este recorte se carga, una vez más, sobre las espaldas de todos los docentes y alumnos riojanos de la enseñanza pública», afirma la central, alertando de una diminución en los puestos de trabajo y el empeoramiento de las condiciones laborales para el curso que se abre.
