Y van ocho resoluciones judiciales -al menos según las cuentas del consejero de Administraciones Públicas, Conrado Escobar- que respaldan el polémico proyecto de ecociudad del Ejecutivo riojano. La última, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), que desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Logroño contra el convenio urbanístico firmado por la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial y las promotoras privadas LMB y Progea: «El fallo ratifica también el procedimiento elegido por el Gobierno regional (convenio) para poner en marcha este proyecto de interés regional», explicó Escobar. Y la penúltima, de la que también informó ayer el consejero, es otra nueva denegación de suspensión cautelar de los trámites, en este caso pedida por la patronal de construcción.
Así las cosas, Escobar recordó el contenido las ocho decisiones judiciales favorables: en primer lugar, el rechazo del Constitucional a la supuesta vulneración de la autonomía local, al que se suma el dictamen en el mismo sentido del Consejo Consultivo riojano; en segundo, la triple desestimación de los recursos de ecologistas, promotores y ayuntamiento contra la declaración de interés municipal; y en tercero, dos autos más denegando las medidas cautelares de paralización del proyecto y un nuevo auto confirmando el interés regional. «Teníamos competencia, el lugar elegido era el idóneo, el procedimiento el correcto y el proyecto es totalmente viable y al margen de reparo legal o jurídico alguno», recapituló el titular de Administraciones Públicas.
En este sentido, la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo, insistió en que «las decisiones judiciales ponen de manifiesto lo escrupuloso del proyecto» y lamentó la «poca responsabilidad de algunos dirigentes políticos del Ayuntamiento de Logroño». «El varapalo judicial sufrido -agregó Escobar- debería hacer desistir de nuevos recursos por dignidad política a los responsables municipales de la capital y la única salida digna que les queda es comenzar a colaborar en el desarrollo de este proyecto».
Respecto a la última sentencia, el TSJR da plena validez al convenio urbanístico al desestimar que «haya traslación o cesión de funciones públicas a favor de personas privadas»; al argumentar que el encargo de la redacción del proyecto a quienes se van a encargar posteriormente de la urbanización «es conforme» y, por último, al señalar que sí existe valoración económica de la actuación, en contra de lo argumentado por el Ayuntamiento.
La 'guerra' seguirá
Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano de Logroño, Miguel Gómez Ijalba, restó ayer importancia a la sentencia y aseguró que en ningún caso «legitima al Gobierno regional». Ijalba indicó que todavía queda por tratar «el fondo de este asunto», es decir, el recurso sobre la aprobación del proyecto definitivo, y aseguró que «el convenio ratificado en la sentencia dejó de tener valor cuando el Irvi desapareció de la ecociudad».
