El letrado mayor del Parlamento de La Rioja, Jorge Apellániz Barrio, presentó ayer en el registro del Tribunal Constitucional (TC), en Madrid, el recurso contra el blindaje de las normas forales vascas, contenido en la Ley 1/2010 que modifica las leyes orgánicas del TC y del Poder Judicial.
Con esta iniciativa, la primera de estas características que adopta la Cámara regional en sus 27 años de historia, el Poder Legislativo riojano reclama que el blindaje sea declarado inconstitucional y la nulidad de los preceptos impugnados.
El recurso (cien páginas redactadas por los servicios jurídicos del Parlamento), que se suma al presentado recientemente por el Ejecutivo regional, sigue la argumentación jurídica del informe de la Defensora del Pueblo Riojano, que defiende que el blindaje «entra en contradicción con la Constitución y supone hacer un uso distinto de los derechos históricos y del Concierto». Al mismo tiempo, estima que la norma «quebranta el principio de unidad de la Nación española, es un franco elemento discriminatorio respecto al resto de ciudadanos, especialmente los de las comunidades limítrofes, y supone la concesión de un poder legislativo a instituciones que no gozan de tal poder a la luz de la Constitución».
En este sentido, incide en que las Juntas Generales forales no pueden dictar normas con valor de ley porque no son órganos legislativos y añade que en el caso de concederles tal rango sólo podrán ser recurridas ante el Constitucional. Ello supone que «se desnaturaliza la esencia de la justicia constitucional y las funciones del TC, convirtiéndolo en un tribunal ordinario», pero sobre todo «conlleva una importante limitación para recurrir a quienes hasta ahora estaban legitimados», en alusión al Gobierno y a los agentes sociales riojanos.
Tutela judicial
Por último, la Cámara riojana alega que el blindaje «vulnera el sistema constitucional de distinción entre la justicia constitucional y la ordinaria y viola el derecho a la tutela judicial efectiva».
El Parlamento de La Rioja solicita al TC que dicte la inconstitucionalidad de la Ley y la nulidad de los preceptos impugnados, «con todas las consecuencias inherentes a dichos pronunciamientos». El recurso señala expresamente que no se cuestiona el Concierto vasco y también recoge los conflictos planteados ante instancias judiciales nacionales o europeas. «En definitiva, se examina la conformidad o no de la reforma aprobada, de acuerdo a un discurso estrictamente jurídico», destaca el Parlamento.
