«Si San Isidro fuera hoy agricultor, estaría a punto de retirarse». Quien suscribe estas palabras es el vicesecretario general de UPA-UGT, Tomás Latasa, quien con esta escueta frase radiografía la situación de la agricultura en la comunidad.
«El campo riojano se arruina. No se cubren los costes de producción. Hay una competencia desleal porque a nosotros nos piden una trazabilidad y unas prácticas que resultan muy caras y luego nos pagan a precios de mercado, en vez de reconocernos ese esfuerzo. Y los productos que entran de fuera no cumplen esos requisitos de calidad, llevan importes más bajos y, en ciclos de crisis, el consumidor mira la economía», critica.
De este modo, «reclama una ley de márgenes comerciales», puesto que «están abusando de los extremos de la cadena alimentaria, del consumidor y de los productores». No obstante, vaticina que si la norma finalmente algún día se fija «va a llegar tarde para mucha gente». Y es que, según detalla, desde 1990 La Rioja arrastra un decrecimiento progresivo de afiliados al régimen especial agrario. «Tenemos la mitad de efectivos que hace 20 año», concreta.
Denuncia que «falta rentabilidad y faltan estabilizadores de la renta que mantengan a la población agraria. Tendríamos que contar con precios justos o con el amparo de una ley de contratos, como la que contempló en su momento el sector del vino». Sin ella, este segmento estratégico en nuestra economía ha sido el último en mostrar números rojos. «Si seguimos así, vamos a perder a mucha gente», augura.
En su opinión, esta espiral ruinosa cobra auge porque «no hay una política clara de apoyo, de créditos blandos al campo. Ahora mismo existen unas ayudas ministeriales a la modernización y a la incorporación de jóvenes y el Gobierno riojano aún no ha firmado las condiciones con las entidades bancarias, cuando en otras regiones ya funcionan», censura.
Y así teme que «todas las producciones de calidad que desarrollamos en La Rioja, desaparezcan porque están fuera de rentabilidad».
