El Consejo de Ministros analizó ayer el anteproyecto de Ley del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal que, de facto, acabará con el último resquicio de monopolio en Correos.
La norma, que previsiblemente estará aprobada por las Cortes antes de diciembre, abre a la competencia todos los servicios del operador público, al que sin embargo el Gobierno garantiza carga de trabajo y financiación suficientes para los próximos 15 años. El nuevo marco, operativo el próximo 1 de enero, encarecerá los sellos al menos el 2% desde esa fecha.
Algunos sindicatos han recibido con fuertes críticas el nuevo escenario, pues aseguran que se perderá empleo y calidad de servicio en Correos, el mayor empleador de España con 64.000 trabajadores.
Un mensaje que niega de forma tajante el Ministerio de Fomento, responsable del sector postal. «Es radicalmente falso, no hay un solo elemento en la ley que haga pensar en pérdida de empleo», subrayan fuentes del departamento dirigido por José Blanco, que recuerdan que el cambio deviene de la necesidad de adaptar la legislación nacional a la Tercera Directiva Postal europea.
El principal cambio afecta al llamado Servicio Postal Universal (SPU) -tradicionalmente deficitario, con un agujero de 242 millones de euros en el 2008-, que incluye los certificados, las cartas y paquetes de hasta dos kilos y los paquetes postales de hasta 10 kilos, así como las pequeñas cartas interurbanas. Estas últimas conformaban la denominada 'área reservada', el último monopolio real de Correos, que ahora desaparece. En su conjunto, el SPU supone el 85% de la facturación de Correos.
La reforma convertirá a la empresa pública en el único prestador designado hasta el 2025 para realizar el SPU (el único que tendrá la obligación de hacerlo), aunque también lo podrán prestar los privados subcontratando a Correos.
Esos tres lustros de carga de trabajo garantizada, en los que Correos tendrá el derecho exclusivo a usar el término 'España' y la denominación 'Correos', son el colchón con el que calmar a los sindicatos.
Aportación de fondos
El Estado contratará a Correos y vigilará a través de la futura Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP) que se respete la calidad del empleo. Este organismo, independiente como la CNMV o la CNC, fijará las condiciones de los contratos entre los operadores privados y Correos cuando éstos no alcancen un acuerdo. El acceso a la red de Correos (9.900 puntos en toda España) no podrá hacerse por debajo de coste.
El SPU se financia hoy con los presupuestos de Fomento (120 millones en el 2008) y el beneficio del 'área reservada' (120 millones). En el nuevo marco se creará un fondo nutrido por los Presupuestos Generales del Estado, los operadores privados y un dinero -aún no cuantificado- que aportará Correos por el derecho único de usar su nombre o los buzones.
