La doble sesión celebrada ayer en el Parlamento regional se inició por la mañana con la presentación por parte de la Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón, de la memoria de actividad del 2009. Como recapituló ante el hemiciclo, la institución registró el pasado año 2.121 actuaciones de las que 1.368 fueron consultas y 513 quejas. También formuló 35 recomendaciones, 30 sugerencias y hasta cinco recordatorios de deberes legales.
Por áreas, las que acapararon el mayor número de quejas resultaron ser Servicios Sociales (sobre todo en relación a la aplicación de la Ley de Dependencia), Educación (vinculadas a la elección de centro y a la admisión de alumnos) y Medio Ambiente, con una especial referencia a la contaminación acústica. Díaz Jalón recordó que el 80% de la actuaciones desarrolladas terminó de forma positiva para quienes solicitaron su amparo. Un dato, apuntó, «que demuestra cómo las administraciones apeladas entienden la misión de la institución». Recordó aquí que la autonómica fue la que centró el mayor número de quejas (47,9%), seguida por la local (32,8%) y la estatal (16,05%). La Defensora repasó también los informes especiales elaborados, entre los que destaca el referido a la inconstitucionalidad del blindaje del Concierto vasco. Ése fue precisamente el único punto cuestionado por la oposición dentro de un tono general de apoyo a la labor de Díez Jalón. En el PR, José Toledo aplaudió la defensa de oficio en materias como el Estatut o el propio blindaje pero afeó el «silencio» guardado sobre la Ecociudad. El portavoz popular, Carlos Cuevas, replicó que la institución «no está para hacer seguidismo de temas de interés de los partidos», mientras que el socialista Pablo Rubio destacó el principio de independencia que debe primar.
