Isabel Bombal, directora general de Industrias y Mercados Alimentarios del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, moderó ayer una mesa redonda sobre legislación en el Foro Mundial del Vino. Bombal defendió la actuación ministerial en el tema de 'Viñedos de España' y aseguró que «los argumentos de la Comisión Europea (que considera que la indicación no se ajusta a la normativa europea) son rebatibles» y que «en ningún caso se hubiera aprobado nada que fuera en contra de los vinos de calidad referenciada».
- ¿Qué planes tiene el Ministerio con 'Viñedos de España'?
- Vamos a estudiar la carta de emplazamiento que acabamos de recibir de la Comisión Europea. Creemos que los argumentos que hemos leído son rebatibles jurídicamente, pero tenemos dos meses para analizar el tema con profundidad. La finalidad de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) era etiquetar con añada y variedad unos vinos que no estaban acogidos a las denominaciones de origen para poder adaptarnos a las necesidades de los mercados exteriores. Ahora, con la nueva OCM se permite etiquetar con añada y variedad los vinos sin indicación geográfica. Ya tenemos desarrollados y armonizados con todas las comunidades autónomas los criterios de control. Es decir, hemos utilizado un instrumento para poder indicar variedad y añada durante un tiempo y ahora veremos si la IGP sigue siendo necesaria o ha dejado de serlo.
- Conocían ustedes los reparos de la Comisión Europea desde septiembre. ¿Se ha actuado contra la legalidad?
- Ni mucho menos. Siempre ha habido una base jurídica clara. La anulación de la anterior orden por la Audiencia Nacional fue por una cuestión de forma exclusivamente, que se solventó con la nueva normativa que ya ha sido avalada por la Audiencia Nacional, como lo demuestra el hecho de que se han rechazado los recursos de algunas comunidades autónomas. Es decir, no había detrimento para nadie. Para el Ministerio, el apoyo a los vinos con calidad diferenciada es prioritario y absoluto. Nunca hubiéramos hecho una orden ni disposición alguna que lesionara los vinos de calidad. 'Viñedos de España' fue una petición de once comunidades autónomas, la Federación Española del Vino y Avimes. Hemos cumplido un objetivo y ahora haremos la transición más tranquila posible.
- Sin embargo, se enfrentaron a cinco comunidades autónomas y a los consejos reguladores. ¿Hacían falta esas alforjas para ese viaje, cuando la indicación de variedad y añada era cuestión de un año?
- La verdad es que entendíamos en ese momento que había un hueco en el mercado para cubrir sin hacer daño a nadie. Ahora está en vigor el Reglamento comunitario y el marco competencial de España para poder indicar variedad y se pueden tomar decisiones que igual no podían pensarse hace unos años.
- El Consejo Regulador espera desde hace años su reconocimiento como corporación de derecho público, con el paso, entre tanto, de varios directores generales. ¿Es la demanda factible?
- La figura jurídica de corporación de derecho público es posible y ya está contemplado en el borrador de la Ley de Calidad Agroalimentaria que se publicará esta legislatura. Está pendiente el desarrollo reglamentario de la corporación y en ello estamos. Todo lo que el Consejo y la DOC consideren bueno y soliciten, mientras sea legal, lo vamos a impulsar para que salga adelante.
