El PR aportó ayer un nuevo dato sobre el caso del intento de fraude de 480.000 kilos de uva del que los regionalistas responsabilizan al hermano de la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Turismo y Política Territorial, Aránzazu Vallejo. Según denunciaron Miguel González de Legarra y Miguel Gómez Ijalba, el Consejo Regulador, en contra del informe de los servicios técnicos, adjudicó un 100% de rendimientos a la finca de Ausejo propiedad del constructor Andrés Romeo, cuya cartilla habría utilizado luego el hermano de la número dos del Gobierno de La Rioja para intentar amparar casi medio millón de kilos de uva fraudulenta.
González de Legarra aseguró que los veedores del Consejo Regulador, tras la inspección de las zonas apedreadas el pasado verano en Ausejo, donde se localiza la finca del constructor, propusieron, en consonancia con la mayoría de las parcelas de la zona, que se le adjudicara un rendimiento máximo del 60%. Sin embargo, la resolución final se tradujo en que el propietario de la finca dispuso del 100% de los rendimientos, que se corresponden «exactamente con los 480.000 kilos de uva fraudulentos». Legarra e Ijalba responsabilizaron ayer al presidente del Consejo Regulador, Víctor Pascual, de la modificación del criterio de los técnicos y reclamaron explicaciones sobre lo sucedido.
Los regionalistas recordaron asimismo que el titular de la finca de 90 hectáreas de Ausejo «tramitó el seguro por los daños de la pedrada para cobrar la póliza» e insistieron en preguntar «cuál es la razón por la que se cambian los rendimientos y por la que se permite luego que esa cartilla pueda acoger 480.000 kilos de uva en lugar del 60% que habían marcado los técnicos».
El presidente del PR intentó 'ordenar' la historia que implica, por un lado, al hermano de la vicepresidenta con el intento de fraude y, por otro, con la obligatoriedad de arranque de cinco hectáreas de viñedo ilegal en Alfaro propiedad de los hermanos Vallejo, incluida la vicepresidenta, para argumentar que «lo que parecían dos puzzles diferentes van a acabar siendo uno».
Legarra insistió en lamentar la falta de explicaciones por parte del Consejo Regulador y de la Consejería de Agricultura y se preguntó si la cartilla fraudulenta sirvió para amparar uvas del viñedo ilegal: «Estamos convencidos de que nada es casual y todo responde a una actuación premeditada para dar un 'pelotazo' con uvas excedentarias e incluso para cosechar las cinco hectáreas de viñedo ilegal». Gómez Ijalba recordó en este sentido que el propietario de la finca, Andrés Romeo, es un constructor con «vinculaciones profesionales» con la consejera Vallejo y que «si no llega a haber denuncia del PR no se conocería ni probablemente hubiera habido expediente del Consejo». «Tanto la Consejería de Agricultura como el Consejo Regulador conocían la existencia del viñedo ilegal y del intento de fraude», sentenció.
